Colombia enfrenta una carrera contra el tiempo para prepararse ante la llegada del fenómeno de El Niño. La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) alertó que el país dispone de apenas 132 días para ejecutar medidas que reduzcan el impacto de la temporada seca, cuyo periodo más crítico se proyecta entre diciembre de 2026 y abril de 2027. La advertencia se produce pocas horas después de que el Gobierno Nacional declarara la situación de desastre nacional como medida preventiva frente a los efectos del evento climático.

El informe presentado por Asocapitales, elaborado con información del Ideam, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) y el operador del sistema eléctrico XM, señala que el fenómeno ya está prácticamente confirmado y que el verdadero desafío consiste en reducir sus consecuencias antes de que comiencen los meses de mayor afectación. Según el gremio, las decisiones que se adopten entre julio y noviembre serán determinantes para garantizar el abastecimiento de agua, la estabilidad del sistema energético y la sostenibilidad financiera de las ciudades.

El documento plantea cinco acciones prioritarias que deben implementarse de manera inmediata. Entre ellas se destacan la protección de las fuentes hídricas, el fortalecimiento de los planes de ahorro de agua y energía, la preparación de los organismos de gestión del riesgo, la coordinación entre el Gobierno Nacional y las administraciones locales, y la garantía de recursos para atender posibles emergencias derivadas de la sequía y las altas temperaturas.

Asocapitales advirtió que varias ciudades presentan un nivel de vulnerabilidad superior al resto del país. De acuerdo con el Índice de Alerta y Vulnerabilidad Urbana (IAVU), Santa Marta, San Andrés, Riohacha, Cúcuta, Valledupar, Yopal y Quibdó figuran entre las capitales con mayor riesgo debido a la reducción de las lluvias, la presión sobre las fuentes de agua y las condiciones propias de sus territorios.

La preocupación también se extiende al sector energético. Un descenso prolongado en los niveles de los embalses podría afectar la generación de electricidad, elevar los costos del servicio e incrementar el riesgo de racionamientos si las condiciones climáticas se intensifican. Además, el aumento de las temperaturas favorecería la ocurrencia de incendios forestales y pondría mayor presión sobre la producción agropecuaria y el abastecimiento de alimentos.

El pronunciamiento de Asocapitales coincide con la decisión del Gobierno de declarar el desastre nacional para agilizar la ejecución de recursos y coordinar acciones preventivas frente a un fenómeno que, según las proyecciones técnicas, podría alcanzar una intensidad entre fuerte y muy fuerte durante los próximos meses. Las autoridades buscan evitar que el país enfrente una situación similar a la registrada en anteriores episodios de El Niño, cuando varias regiones sufrieron restricciones en el suministro de agua y energía.

Finalmente, el gremio hizo un llamado a alcaldes, gobernadores, empresas de servicios públicos y ciudadanía para actuar desde ahora. La recomendación es fortalecer las campañas de uso eficiente del agua y la energía, revisar los planes de contingencia y acelerar las inversiones necesarias para enfrentar una temporada seca que podría convertirse en una de las más exigentes de los últimos años si no se toman decisiones oportunas.