La figura de la silla vacía volverá a ser protagonista en la instalación del nuevo Congreso de la República este 20 de julio de 2026, luego de que dos congresistas electos no puedan asumir sus curules por estar vinculados a investigaciones relacionadas con el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Esta medida, contemplada en la Constitución Política de Colombia, busca sancionar a los partidos políticos cuyos integrantes se vean involucrados en determinados delitos, impidiendo que las curules sean reemplazadas por otros candidatos de la misma colectividad.

La denominada “silla vacía” está consagrada en el artículo 134 de la Constitución y establece que un congresista investigado o condenado por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales, narcotráfico, corrupción contra la administración pública, delitos contra los mecanismos de participación democrática o crímenes de lesa humanidad pierde su curul sin posibilidad de que sea ocupada por otro miembro de su partido o movimiento político. De esta manera, la sanción no solo recae sobre el congresista involucrado, sino también sobre la organización política que lo avaló.

Para la legislatura 2026-2030, la medida afectará a Wadith Manzur, del Partido Conservador, y a Karen Manrique, representante de las curules de víctimas. Ambos fueron enviados a prisión por orden de la Corte Suprema de Justicia dentro de las investigaciones por el caso de corrupción de la UNGRD, razón por la cual no podrán posesionarse ni ser reemplazados por otros integrantes de sus listas electorales.

Según las investigaciones judiciales, Wadith Manzur habría actuado como intermediario entre varios congresistas y altos funcionarios de la UNGRD para gestionar la asignación de contratos y recursos públicos a cambio del respaldo político a iniciativas del Gobierno Nacional. Por su parte, Karen Manrique es investigada por presuntamente participar en reuniones con exdirectivos de la entidad y gestionar contratos para obras en departamentos como Arauca, Córdoba y Bolívar, dentro del mismo entramado de corrupción que sacudió al país.

La figura de la silla vacía tiene su origen jurídico como un mecanismo de lucha contra la corrupción y la infiltración de organizaciones ilegales en las corporaciones públicas. Aunque el término comenzó a popularizarse en 1999 tras el recordado episodio de la silla vacía durante el fallido inicio de los diálogos de paz entre el entonces presidente Andrés Pastrana y el jefe de las extintas FARC, Manuel Marulanda Vélez, fue en 2009 cuando adquirió su actual alcance constitucional como una herramienta para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de los partidos políticos frente a sus candidatos.

Con la aplicación de esta medida, el nuevo Congreso iniciará funciones con dos curules vacantes, enviando un mensaje sobre las consecuencias políticas y jurídicas que enfrentan quienes son vinculados a graves hechos de corrupción. Las autoridades reiteraron que la figura de la silla vacía busca proteger la institucionalidad, promover la transparencia y fortalecer la confianza ciudadana en el sistema democrático colombiano.