El Consejo de Estado ordenó al presidente Gustavo Petro abstenerse de difundir propaganda electoral y de intervenir en la contienda política, al considerar que incumplió las restricciones que deben respetar los servidores públicos durante el proceso electoral.
La decisión fue adoptada por el alto tribunal luego de revisar actuaciones relacionadas con mensajes y pronunciamientos del mandatario en medio de la campaña presidencial. La sentencia establece que el jefe de Estado debe mantener neutralidad y evitar expresiones que puedan interpretarse como apoyo o promoción de sectores políticos durante las elecciones.
Además, el Consejo de Estado concluyó que Petro no acató plenamente las disposiciones que le exigían abstenerse de realizar intervenciones con contenido electoral, por lo que ordenó medidas para garantizar el cumplimiento de las normas que regulan la participación política de los funcionarios públicos.
La Procuraduría General de la Nación tendrá la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de la decisión judicial y verificar que el mandatario no continúe difundiendo mensajes considerados propaganda electoral durante el periodo previo a las votaciones.
El fallo se conoce en medio de un ambiente político marcado por múltiples investigaciones y cuestionamientos relacionados con presunta participación en política de funcionarios del Gobierno Nacional. En las últimas semanas, organismos de control han abierto indagaciones contra varios servidores públicos por posibles intervenciones en la campaña presidencial.
La controversia también se intensificó después de discursos y publicaciones del presidente Gustavo Petro en los que hizo referencias al escenario electoral y al futuro político del país, situaciones que generaron cuestionamientos de sectores políticos, autoridades electorales y organismos de control.
Con esta decisión, el Consejo de Estado reiteró que los funcionarios públicos, especialmente quienes ocupan los más altos cargos del Estado, deben garantizar imparcialidad durante los procesos electorales y evitar actuaciones que puedan afectar la transparencia o la equidad de la competencia democrática.
