Una nueva controversia sacude el sistema de salud colombiano luego de que altos funcionarios de la Superintendencia Nacional de Salud alertaran sobre presuntas irregularidades en el proceso de intervención a la Nueva EPS, la entidad con mayor número de afiliados en el país.

De acuerdo con documentos conocidos recientemente, la medida adoptada por la superintendente ad hoc, Luz María Múnera Medina, habría incumplido varios de los procedimientos legales y técnicos exigidos para este tipo de decisiones, lo que pone en entredicho la validez de la intervención.

La denuncia fue presentada ante la Procuraduría General de la Nación por la Superintendencia Delegada para Entidades de Aseguramiento en Salud, con el respaldo de varios funcionarios de alto nivel, quienes señalaron que se habrían omitido pasos fundamentales como la elaboración de informes técnicos previos y la obtención de conceptos obligatorios antes de ordenar la toma de posesión de la entidad.

Uno de los puntos más críticos revelados en el informe es que el Comité de Medidas Especiales, instancia encargada de evaluar este tipo de decisiones, habría recomendado no prorrogar la intervención durante una sesión realizada el 10 de abril de 2026. Sin embargo, la resolución que ordenó la medida habría sido expedida en contravía de esa recomendación, lo que genera dudas sobre el respeto al debido proceso administrativo.

Además, los delegados advirtieron que el acto administrativo contendría inconsistencias, incluyendo referencias a decisiones que, según las actas, no fueron adoptadas por el comité técnico. Este hecho ha sido interpretado como una posible vulneración de los principios de legalidad y transparencia en la toma de decisiones dentro de la entidad.

A esta situación se suma otro elemento que agrava el panorama: la intervención anterior habría vencido el 3 de abril de 2026 sin que se aprobara formalmente su prórroga por parte del Ministerio de Salud. En ese escenario, expertos señalan que la administración de la Nueva EPS debía retornar a sus accionistas, lo que podría dejar sin sustento jurídico la nueva medida adoptada días después.

También se cuestiona la designación del agente interventor, Jorge Iván Ospina, quien, según evaluaciones técnicas internas, no cumpliría con los requisitos mínimos exigidos por la normativa para ocupar ese cargo, particularmente en lo relacionado con experiencia en el sector salud.

La Nueva EPS, que agrupa a más de 10 millones de afiliados, atraviesa una crisis estructural con deudas superiores a los 5 billones de pesos, lo que ha motivado diversas intervenciones por parte del Gobierno Nacional en los últimos años. Sin embargo, estas nuevas denuncias abren un debate sobre la legalidad de las medidas adoptadas y su impacto en la estabilidad del sistema.

El caso ahora está en manos de la Procuraduría, que deberá evaluar las pruebas presentadas y determinar si hubo irregularidades disciplinarias o administrativas en el proceso. Mientras tanto, crece la incertidumbre sobre el futuro de la entidad y sobre las decisiones del Gobierno en materia de salud, en un momento clave para la reorganización del sistema.

Este nuevo episodio no solo pone bajo la lupa la intervención a la Nueva EPS, sino que también reaviva el debate sobre la gestión institucional, el respeto a los procedimientos legales y la necesidad de garantizar transparencia en decisiones que afectan a millones de colombianos.