El Gobierno nacional oficializó la eliminación de la prima especial que reciben los congresistas, una decisión que marca un giro en la política salarial del Estado y que empezará a regir a partir del 20 de julio de 2026. La medida quedó consignada en el Decreto 0030 de 2026, expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, y responde a la estrategia de austeridad anunciada por el Ejecutivo en medio del ajuste fiscal.

De acuerdo con el decreto, la prima especial de servicios, que actualmente supera los 16 millones de pesos mensuales, dejará de hacer parte de la remuneración de los miembros del Congreso. El documento señala que el nivel de ingresos de los congresistas resulta desproporcionado frente al promedio salarial de la población colombiana y no guarda coherencia con la realidad económica del país, lo que dificulta el cierre de brechas sociales y económicas.

La decisión había sido anticipada por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien explicó que el Gobierno busca reorientar el gasto público y aplicar medidas inmediatas de austeridad como parte del manejo responsable de las finanzas del Estado. Según fuentes oficiales, aunque el salario total de los congresistas es elevado, mensualmente se realizan retenciones cercanas a los 20 millones de pesos sobre sus ingresos brutos.

Actualmente, la remuneración de un congresista está compuesta por un salario básico de poco más de 12 millones de pesos, una prima especial de servicios que supera los 16 millones y gastos de representación que rondan los 22 millones de pesos mensuales. Con la eliminación de esta prima, el ingreso total se verá reducido a partir del inicio del nuevo periodo legislativo en julio de 2026.

Desde el Gobierno se insiste en que esta medida hace parte de un mensaje de coherencia fiscal y responsabilidad frente a la ciudadanía, en un contexto en el que se han pedido esfuerzos a distintos sectores del país para enfrentar las dificultades económicas. La eliminación de la prima especial busca, además, enviar una señal de equidad y compromiso con el uso eficiente de los recursos públicos.