La Corte Suprema de Justicia definió nuevas pruebas para el juicio contra seis congresistas y excongresistas investigados por el presunto entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Entre los testimonios ordenados está el de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), quien permanece fuera del país y es requerido por la justicia colombiana.
La decisión fue adoptada por la Sala de Primera Instancia en una providencia de 667 páginas. El proceso involucra a Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bitar, Julián Peinado, Juan Pablo Gallo y Juan Diego Muñoz, señalados de presuntamente participar en un esquema en el que se habrían ofrecido contratos relacionados con la UNGRD a cambio de respaldar decisiones sobre operaciones de crédito público en el Congreso.
La investigación se concentra en hechos ocurridos durante 2023, cuando integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público habrían recibido ofrecimientos para favorecer trámites de endeudamiento de la Nación. Las acusaciones deberán ser examinadas durante el juicio y no constituyen, por sí mismas, una declaración de culpabilidad.
Carlos Ramón González, uno de los testimonios clave
Además de González, la Corte ordenó escuchar a los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle, al exministro Mauricio Lizcano, al exasesor presidencial Jaime Ramírez Cobo y a Óscar Enrique Cárdenas.
También dispuso ampliar la declaración de José Roberto Acosta, exdirector de Crédito Público, quien ha denunciado presuntas presiones de integrantes de la Comisión de Crédito Público durante el periodo investigado.
A petición de la defensa de Karen Manrique, el alto tribunal autorizó igualmente el testimonio del actual ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, quien integró esa comisión durante 2023. Su declaración buscará aportar información sobre el funcionamiento de la instancia legislativa y las circunstancias en las que se habrían presentado los hechos bajo investigación.
La investigación por los contratos de la UNGRD
El expediente está relacionado con las presuntas irregularidades en la contratación de la UNGRD, entidad que quedó en el centro de un escándalo por el manejo de recursos públicos y la compra de carrotanques destinados a La Guajira.
El exdirector de la entidad Olmedo López y el exsubdirector Sneyder Pinilla han entregado declaraciones sobre el supuesto pago de sobornos a congresistas. Según la hipótesis investigativa, los recursos habrían buscado asegurar apoyos políticos para iniciativas del Gobierno nacional, entre ellas la reforma pensional.
La Corte deberá examinar los testimonios, documentos y demás elementos probatorios para establecer si existió un intercambio ilegal de beneficios contractuales por actuaciones legislativas y quiénes habrían participado en ese esquema.
La Corte rechazó solicitudes de nulidad
En la misma decisión, la Sala de Primera Instancia negó las solicitudes de nulidad presentadas por las defensas. Entre los argumentos rechazados estaban los cuestionamientos sobre las garantías procesales y la participación de los conjueces Jesús Alfredo Rey y Javier Fonseca en decisiones relacionadas con las medidas de aseguramiento de algunos investigados.
El tribunal sostuvo que sus integrantes pueden formar su criterio a partir del estudio de los proyectos, la deliberación y el debate colegiado, sin que sea obligatorio que cada magistrado revise de manera idéntica y exhaustiva todos los folios del expediente.
La audiencia preparatoria comenzará el 20 de octubre
La siguiente etapa está prevista para el martes 20 de octubre de 2026, cuando comenzará la audiencia preparatoria del juicio. En esta diligencia se avanzará en la definición de las pruebas que serán practicadas durante el proceso contra los seis congresistas y excongresistas.
La decisión de la Corte marca un nuevo paso en uno de los procesos judiciales más relevantes derivados del escándalo de la UNGRD. El objetivo será esclarecer las presuntas negociaciones entre funcionarios y congresistas, determinar si hubo beneficios indebidos y establecer las responsabilidades penales que correspondan.
Por ahora, la inclusión de los testimonios en el proceso no significa que las personas citadas hayan sido declaradas culpables ni que todas tengan la misma condición jurídica. La responsabilidad de los acusados se definirá con base en las pruebas y las decisiones que adopte la justicia.
