La Superintendencia Nacional de Salud anunció la adopción de una medida cautelar especial contra el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), con el fin de proteger la vida e integridad de los maestros dentro del sistema de salud y garantizar la correcta administración de los recursos públicos destinados a su atención.

Mediante resolución, la Supersalud ordenó suspender de manera provisional todas las acciones que pongan en riesgo la oportunidad y accesibilidad en la prestación de servicios, así como los incumplimientos en los pagos a la red de prestadores y proveedores. La medida estará vigente durante tres meses, del 23 de septiembre al 23 de diciembre de 2025.

En consecuencia, el FOMAG, su Consejo Directivo y la Fiduprevisora S.A., en calidad de administradora del Fondo, deberán detener cualquier práctica que afecte la calidad del servicio de salud y presentar, en un plazo máximo de cinco días hábiles, un plan de contingencia con acciones verificables, cronogramas, responsables y recursos definidos para superar los hallazgos detectados.

La Superintendencia también ordenó garantizar la red nacional de prestación de servicios, monitorear la atención a los usuarios, asegurar pagos oportunos a los prestadores y fortalecer la gestión de riesgos en salud y la respuesta a las peticiones, quejas y reclamos de los afiliados.

Por su parte, la Fiduprevisora S.A. deberá ejecutar el plan aprobado, remitir informes semanales sobre su cumplimiento, entregar información financiera y contable actualizada y garantizar el flujo de recursos y la contratación adecuada de la red de servicios.

“Las medidas adoptadas por la Superintendencia Nacional de Salud son de carácter especial y provisional, y están orientadas a proteger de manera inmediata la vida y la integridad de los afiliados al FOMAG y la correcta administración de los recursos públicos”, señaló la entidad.

La Supersalud advirtió que realizará un seguimiento especial, presencial y permanente en las sedes del FOMAG y de la Fiduprevisora S.A. para verificar el cumplimiento estricto de las órdenes impartidas y asegurar la protección efectiva de los maestros beneficiarios del sistema.