Un juez ordenó la libertad inmediata de Sandra Liliana Ortiz Nova, exconsejera presidencial para las Regiones, dentro del proceso que enfrenta por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD.

La decisión fue adoptada por el Juzgado 35 Penal con Función de Control de Garantías de Bogotá, que aceptó la solicitud presentada por la defensa de la exfuncionaria al considerar que se superaron los términos legales para mantenerla privada de la libertad sin que avanzara el juicio oral en su contra. Ortiz permanecía detenida desde diciembre de 2024 en la Escuela de Carabineros de la Policía.

Durante la audiencia, el juez revisó el cómputo de términos dentro del proceso y tuvo en cuenta que, desde la radicación del escrito de acusación, habían transcurrido 329 días, un periodo superior a los 240 días establecidos por la ley para este tipo de casos cuando no se ha iniciado formalmente el juicio oral. Con base en ese argumento, el despacho ordenó librar la boleta de libertad correspondiente.

Sandra Ortiz es señalada por la Fiscalía como presunta intermediaria en el entramado de sobornos relacionado con la UNGRD. De acuerdo con la investigación, habría participado en la entrega de recursos a los entonces presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle, con el supuesto propósito de favorecer el trámite de reformas impulsadas por el Gobierno en el Congreso.

Según el expediente, Iván Name habría recibido 3.000 millones de pesos, mientras que Andrés Calle habría recibido 1.000 millones de pesos. Por estos hechos, Ortiz fue acusada por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público, cargos que ella ha negado en distintas etapas del proceso.

La libertad por vencimiento de términos no significa que el proceso penal haya terminado ni que exista una decisión de fondo sobre su responsabilidad. La exconsejera seguirá vinculada a la investigación y deberá comparecer ante las autoridades judiciales cuando sea requerida.

El caso UNGRD se convirtió en uno de los mayores escándalos de corrupción durante el actual Gobierno, luego de las denuncias por presuntas irregularidades en la compra de carrotanques para llevar agua a La Guajira y por un supuesto esquema de desvío de recursos públicos para pagar sobornos políticos.

La decisión judicial representa un nuevo capítulo en este proceso, que mantiene bajo la lupa a exfuncionarios, exdirectivos de la UNGRD y excongresistas. Mientras la defensa de Ortiz celebra la recuperación de su libertad, la Fiscalía deberá continuar con el juicio y sostener ante los jueces su teoría sobre el presunto papel de la exconsejera en la red de corrupción.