Un nuevo choque institucional se desató en Colombia tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre el manejo del caso del menor Kevin Arley Acosta, luego de que el Instituto Nacional de Medicina Legal saliera públicamente a explicar por qué no ha divulgado el informe de necropsia, insistiendo en que existe una reserva legal que impide su entrega.

El pronunciamiento fue encabezado por el director del instituto, Ariel Emilio Cortés, quien aclaró que la entidad no tiene la facultad de entregar este tipo de documentos a particulares, al Gobierno o incluso a familiares sin una orden judicial previa. Según explicó, los informes forenses hacen parte de procesos judiciales en curso y solo pueden ser conocidos por las autoridades competentes que adelantan la investigación.

La respuesta surge luego de que el mandatario cuestionara públicamente a la entidad, asegurando que se estaría ocultando información clave sobre las causas de la muerte del menor. Estas declaraciones intensificaron el debate nacional en torno a la transparencia del caso, que ha estado rodeado de polémicas desde el fallecimiento del niño en febrero de 2026.

Desde Medicina Legal se reiteró que su actuación se rige estrictamente por la ley y que su papel es el de auxiliar de la justicia, por lo que no puede actuar por fuera de los protocolos establecidos. En ese sentido, Cortés enfatizó que los resultados de necropsias “solo se entregan a las autoridades que llevan el proceso”, descartando cualquier tipo de ocultamiento.

El caso de Kevin Acosta, un niño de siete años que padecía hemofilia, ha generado una fuerte discusión pública sobre la responsabilidad del sistema de salud. Mientras organismos como la Fiscalía avanzan en la recolección de pruebas para esclarecer lo ocurrido, el dictamen forense sigue siendo una pieza clave para determinar las causas exactas del fallecimiento.

A esto se suman posturas encontradas entre entidades del Estado. Por un lado, el Gobierno ha insistido en la necesidad de conocer el informe para aclarar responsabilidades, mientras que desde el ámbito judicial se ha defendido la reserva procesal como garantía del debido proceso y la protección de información sensible.

La controversia no solo evidencia tensiones entre el Ejecutivo y las instituciones forenses, sino que también mantiene en vilo a la opinión pública y a la familia del menor, que continúa a la espera de respuestas definitivas. En medio de este escenario, el país observa cómo el caso trasciende lo judicial para convertirse en un debate sobre transparencia, legalidad y el manejo de la información en investigaciones sensibles.