Un nuevo capítulo se suma al caso que tiene bajo investigación a la reconocida marca de ropa femenina Lili Pink, luego de conocerse que las primeras señales de irregularidades surgieron por solicitudes de devolución del IVA ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, lo que permitió descubrir un complejo entramado que hoy es investigado por la Fiscalía General de la Nación.

Según reveló el exsubdirector de Fiscalización de la Dian, Christian Quiñonez, las pesquisas se remontan al año 2022, cuando la empresa habría acudido a la entidad para reclamar devoluciones tributarias que despertaron sospechas por su comportamiento atípico. Estas solicitudes fueron el punto de partida de una investigación que con el tiempo se convirtió en uno de los operativos más grandes contra el sector textil en Colombia.

Las alertas se intensificaron cuando los sistemas de control interno de la Dian detectaron patrones inusuales en el manejo de información y en la frecuencia de las devoluciones solicitadas. A partir de allí, se identificaron posibles conexiones con funcionarios y empresas que no correspondían a operaciones normales dentro del sistema tributario, lo que llevó a profundizar las investigaciones.

De acuerdo con los hallazgos preliminares, el esquema habría operado mediante la creación de compañías ficticias que simulaban transacciones comerciales inexistentes. A través de estas estructuras, se generaban facturas con IVA que en realidad no se pagaba, pero que posteriormente era reclamado al Estado como devolución, generando un presunto desvío de recursos públicos.

Las autoridades también investigan si este mecanismo estaba vinculado con el ingreso irregular de mercancía al país, lo que permitiría dar apariencia de legalidad a productos de contrabando que luego eran comercializados en el mercado nacional. Este modelo habría facilitado tanto el flujo de dinero como la distribución de textiles sin cumplir los requisitos aduaneros establecidos.

El avance de la investigación derivó en los recientes operativos de la Fiscalía y la Sociedad de Activos Especiales, que incluyeron allanamientos y procesos de extinción de dominio sobre más de 300 establecimientos asociados a la marca en distintas ciudades del país, en un caso que también contempla posibles delitos de lavado de activos.

Este proceso judicial ha puesto en el centro del debate la efectividad de los controles tributarios y la posible infiltración de redes ilegales en sectores formales de la economía. Mientras tanto, la empresa ha manifestado su disposición de colaborar con las autoridades, en medio de un escenario que podría redefinir su futuro empresarial.

El caso Lili Pink continúa en desarrollo y se perfila como uno de los expedientes más relevantes en materia de control fiscal y lucha contra el contrabando en Colombia, con implicaciones que podrían extenderse más allá del sector textil y generar cambios en los mecanismos de supervisión del Estado.