El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, quedó en el centro de los cuestionamientos por un contrato de arrendamiento en Sevilla, Valle del Cauca, por el que se pagaron más de 400 millones de pesos pese a que el inmueble nunca llegó a funcionar como sede de la entidad.
La situación fue conocida por la directora general del ICBF, Carolina Restrepo, durante una visita al departamento. Después de revisar la documentación, la funcionaria anunció que llevará el caso ante los órganos de control para establecer si hubo irregularidades y quiénes tendrían responsabilidad.
Un contrato que comenzó en diciembre de 2025
El contrato fue suscrito el 24 de diciembre de 2025 con el propósito de trasladar el Centro Zonal del ICBF en Sevilla a un nuevo inmueble.
El acuerdo inicial tenía un valor de 409.333.027 pesos por siete meses de arrendamiento, hasta el 31 de julio de 2026. El canon mensual era de 57.943.480 pesos, una cifra que equivale a cerca de 1,9 millones de pesos diarios.
El inmueble, de aproximadamente 400 metros cuadrados, debía convertirse en el lugar de trabajo de los funcionarios del Centro Zonal y permitir la atención a los ciudadanos.
Pero el traslado nunca ocurrió.
La sede permaneció sin funcionar
Según la información entregada por el propio ICBF, después de la firma del contrato no se realizaron las adecuaciones necesarias para poner el inmueble en condiciones de prestar el servicio.
Por esa razón, los funcionarios continuaron trabajando en la sede que ya utilizaban en Sevilla y el inmueble arrendado permaneció sin ser utilizado para el objetivo que había motivado el contrato.
El caso genera cuestionamientos porque, aunque el inmueble no estaba funcionando como sede del ICBF, el contrato continuó vigente y posteriormente fue ampliado.
El contrato fue prorrogado y recibió una adición
El periodo inicial terminaba el 31 de julio de 2026. Sin embargo, el primero de agosto se realizó una prórroga que extendió el contrato hasta el 31 de octubre.
Además, se incorporó una adición por 173.830.440 pesos.
La decisión llama especialmente la atención porque, para ese momento, el traslado del Centro Zonal seguía sin concretarse y el inmueble no había comenzado a prestar el servicio previsto.
De acuerdo con la documentación conocida, la modificación contractual se produjo antes del 7 de agosto de 2026.
Carolina Restrepo pidió que se investigue
La directora general del ICBF, Carolina Restrepo, decidió poner la documentación a disposición de los órganos de control.
“Los documentos y evidencias serán puestos en conocimiento de los órganos de control para que se realice la investigación correspondiente y se determinen las responsabilidades y las medidas a que haya lugar”, señaló la funcionaria.
La entidad no ha señalado que exista un delito ni ha atribuido responsabilidades individuales. Lo que se busca ahora es que las autoridades competentes revisen cómo se estructuró el contrato, por qué se realizaron los pagos, qué ocurrió con las adecuaciones y cuáles fueron las razones para mantener vigente el arrendamiento pese a que el traslado no se había realizado.
La cifra que queda sobre la mesa
Hasta el 31 de julio de 2026, los pagos relacionados con el contrato habían superado los 400 millones de pesos.
El valor inicial de 409,3 millones de pesos por siete meses representaba un promedio mensual de 57,94 millones. Llevado a una cifra diaria, el arrendamiento costaba cerca de 1,9 millones de pesos.
A esto se suma la adición de 173,83 millones de pesos realizada posteriormente, mientras el inmueble continuaba sin ser utilizado como sede del Centro Zonal.
El Centro Zonal continúa atendiendo en su sede anterior
El propio ICBF confirmó que los colaboradores continuaron desarrollando sus labores en el inmueble que venían utilizando, debido a que el nuevo predio no había sido adecuado para el traslado.
Actualmente, el Centro Zonal Sevilla aparece registrado oficialmente por el ICBF en la calle 49 # 48-42, barrio Uribe Uribe, en el municipio.
Esto deja como principal pregunta por resolver por qué se mantuvo un contrato de arrendamiento de alto valor si el inmueble no había podido entrar en funcionamiento.
El caso queda ahora en manos de los órganos de control
La investigación deberá establecer si el contrato cumplió con los requisitos legales y administrativos, si las decisiones tomadas durante su ejecución estuvieron justificadas y si hubo actuaciones que pudieron generar un detrimento de los recursos públicos.
También tendrá que determinarse por qué no se realizaron oportunamente las adecuaciones necesarias y por qué, pese a que el traslado no se concretó, se decidió ampliar el contrato hasta el 31 de octubre.
Carolina Restrepo aseguró que mantendrá la revisión sobre el manejo de los recursos del ICBF y que cualquier situación que pueda representar una irregularidad será puesta en conocimiento de las autoridades competentes.
Por ahora, el caso no tiene responsables establecidos. Lo que existe es una alerta sobre un contrato que comprometió más de 400 millones de pesos en un inmueble que, según la información oficial, nunca llegó a funcionar como sede del ICBF en Sevilla.
