El Gobierno Nacional expidió la Resolución 1350 de 2026, mediante la cual adopta la Política Nacional Intersectorial de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 2026-2035, una medida que establece nuevas directrices para los sectores de educación, salud, trabajo y cultura. Entre los principales cambios, la normativa dispone que los colegios públicos y privados del país deberán incorporar de manera transversal el enfoque de género, los derechos humanos y la educación sexual integral dentro de sus Proyectos Educativos Institucionales (PEI), planes de estudio y prácticas pedagógicas.

La resolución asigna al Ministerio de Educación Nacional la responsabilidad de diseñar y desarrollar los lineamientos que orientarán la implementación de esta política en las instituciones de educación preescolar, básica y media. Una vez expedidas estas directrices, los establecimientos educativos oficiales y privados deberán adaptarlas e integrarlas en sus procesos académicos, garantizando una aplicación participativa y con enfoque de derechos.

El documento oficial establece que la formación de los estudiantes deberá contemplar enfoques de derechos humanos, género, diversidad, interculturalidad, discapacidad e interseccionalidad, con el propósito de fortalecer el respeto por la dignidad humana, prevenir las violencias basadas en género y promover el reconocimiento de la diversidad dentro de los entornos escolares. Asimismo, identifica como sujetos de especial protección a las personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas.

Según el Gobierno Nacional, la política busca garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sexuales y reproductivos de toda la población, fortaleciendo la educación como una herramienta para prevenir la discriminación, reducir las violencias y promover ambientes escolares seguros e inclusivos. Además, la estrategia contempla acciones articuladas entre diferentes entidades del Estado para avanzar en la promoción de la salud sexual, la igualdad de oportunidades y la protección integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

La expedición de la resolución ha generado reacciones en distintos sectores políticos, sociales y educativos. Mientras algunos consideran que representa un avance en materia de inclusión, prevención de violencias y garantía de derechos, otros han expresado inquietudes sobre la forma en que estos contenidos serán implementados dentro de los proyectos pedagógicos de las instituciones educativas. El debate se centra especialmente en el alcance del enfoque de género y en la autonomía de los establecimientos educativos para desarrollar sus programas académicos.

La Resolución 1350 hace parte de la hoja de ruta del Estado colombiano para el período 2026-2035 y tendrá aplicación nacional, involucrando a los sectores de educación, salud, cultura y trabajo en la ejecución de acciones coordinadas orientadas a fortalecer el acceso a la información, la prevención de las violencias y la protección de los derechos sexuales y reproductivos de la población. Las autoridades educativas serán las encargadas de definir el cronograma y los mecanismos mediante los cuales las instituciones educativas deberán incorporar estos lineamientos en sus respectivos proyectos educativos.