En la audiencia preparatoria del juicio contra Nicolás Petro Burgos, la Fiscalía General de la Nación presentó nuevas pruebas que vinculan al exdiputado del Atlántico, Máximo Noriega, con la entrega de dinero al hijo del presidente Gustavo Petro. Según el ente acusador, la información proviene de conversaciones encontradas en el teléfono de Daysuris Vásquez, expareja de Nicolás Petro.

Durante la sesión, la fiscal Lucy Marcela Laborde solicitó la incorporación de estos chats como evidencia en el juicio por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito. De acuerdo con la Fiscalía, los mensajes demuestran que Máximo Noriega habría sido el intermediario en la recepción y entrega de dinero a Nicolás Petro, destinado a la compra de un inmueble en Villas de Palmarito, Tubará, Atlántico.

Dineros para campaña y adquisición de bienes

Según la investigación, Nicolás Petro y Daysuris Vásquez gestionaban recursos para financiar una campaña electoral y adquirir propiedades. La Fiscalía sostiene que los fondos habrían sido canalizados a través de la Fundación Conciencia Social (Fucoso) y del exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra.

En los chats analizados, se evidencia la preocupación de la pareja por una reunión política en la que se abordó el origen de estos recursos. En una de las conversaciones, Nicolás Petro plantea la necesidad de retirar el dinero de una vivienda y buscar la forma de custodiarlo. Asimismo, se habría iniciado la búsqueda de una persona que pudiera figurar como titular de ciertos bienes.

La Fiscalía afirmó que estas pruebas permitirán establecer el rol de Máximo Noriega en la recepción y distribución de los fondos, así como su relación con la Fundación Fucoso. Además, se busca demostrar que el dinero entregado no solo provino de Noriega, sino también de otras fuentes vinculadas a la estructura financiera investigada.

Con esta nueva evidencia, el caso contra Nicolás Petro avanza en una dirección que podría comprometer aún más su situación jurídica, en un proceso que sigue generando gran atención en el ámbito político y judicial del país.