El director general de la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, Wílmar de Jesús Mejía, presentó un balance de la gestión de la entidad al cierre del Gobierno del Cambio, en el que destacó avances en la lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de armas de destrucción masiva.

Durante su pronunciamiento público, realizado este lunes 25 de mayo en Bogotá, Mejía informó que la UIAF produjo 1.143 productos de inteligencia financiera en el actual cuatrienio, lo que representa un incremento del 116 % en los informes difundidos frente al gobierno anterior.

El funcionario explicó que la entidad analizó montos estimados por 176,76 billones de pesos durante el Gobierno del Cambio, cifra superior a los 51,1 billones de pesos registrados en la administración pasada. Según la UIAF, este resultado equivale a un aumento del 246 % en los recursos objeto de análisis financiero.

Wílmar de Jesús Mejía también se refirió a las recientes filtraciones de informes de inteligencia financiera divulgadas por algunos medios de comunicación. El director aseguró que la entidad ha mantenido la reserva legal sobre la información y sostuvo que dichas filtraciones no se originaron desde las oficinas de la UIAF. No obstante, anunció que se trabaja en fortalecer los mecanismos de seguridad y encriptación de los informes, con el propósito de reducir riesgos de vulnerabilidad tanto en la entidad como en los organismos receptores.

Otro de los puntos abordados fue la prevención del ingreso de recursos ilegales a las campañas políticas. Mejía advirtió que la UIAF ha recibido alertas ciudadanas provenientes del norte, occidente y sur del país sobre presuntos movimientos de dineros ilícitos hacia campañas electorales, ya sea para apoyarlas, afectarlas o contaminarlas.

El director hizo un llamado a los partidos políticos y a los gerentes de campaña para que cumplan su obligación de reportar operaciones sospechosas. De acuerdo con Mejía, hasta la fecha la UIAF no ha recibido reportes relacionados con la actual contienda electoral, pese a las alertas conocidas por la entidad.

En ese sentido, invitó a aplicar la Circular 001 del 9 de febrero de 2026, expedida por el Consejo Nacional Electoral y la UIAF, y recordó que la ciudadanía puede denunciar posibles irregularidades a través del correo [email protected].

La entidad también presentó el Monitoreo Económico Territorial sobre dinámicas financieras en coyuntura electoral. En este análisis se identificaron comportamientos inusuales en movimientos de efectivo y giros durante anteriores procesos electorales. Según el informe, Quibdó e Istmina, en Chocó, fueron los municipios con mayor flujo de cambios transaccionales, seguidos por Apartadó y Caucasia, en Antioquia.

Frente al seguimiento de los recursos del sistema de salud, Mejía señaló que la defensa de estos dineros debe ser una prioridad nacional. El director indicó que la UIAF ha entregado insumos a la Fiscalía General de la Nación para apoyar investigaciones en curso y que también ha trabajado de manera conjunta con la Superintendencia Nacional de Salud para revisar posibles irregularidades dentro del sistema.

Sobre la situación de Colombia ante el Grupo Egmont, el director aclaró que el país no ha sido expulsado de esta comunidad internacional de unidades de inteligencia financiera. Precisó que existe una sanción sobre el Canal Seguro de Información y que el plan de acción presentado por el Estado colombiano para reafirmar el cumplimiento del principio de confidencialidad avanza de manera positiva.

Mejía aseguró que la UIAF ya cumplió el plan de mejoramiento y que ahora espera una comunicación formal para retomar la interacción plena con el sistema de información Egmont. En caso de no resolverse antes, la decisión podría quedar para el pleno del Grupo Egmont que se realizará en Azerbaiyán en julio próximo.

Finalmente, el director se refirió al caso conocido como “Papá Pitufo” y afirmó que no ha sostenido conversaciones con Diego Marín, ni a título personal ni institucional. También explicó que, tras una verificación interna, no se encontró trazabilidad de una misión oficial al exterior relacionada con ese caso.

Mejía agregó que la UIAF presentó ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia penal por presunto abuso de función pública, para que sea el ente investigador el encargado de establecer responsabilidades. Paralelamente, la Oficina de Control Interno e Inspección de la entidad adelanta indagaciones para determinar si hubo uso de recursos de gastos reservados.