La muerte de Kevin Arley Acosta Pico, un niño de siete años que padecía hemofilia A severa, vuelve a estar en el centro de una investigación penal. La Fiscalía General de la Nación anunció que solicitará la imputación por homicidio culposo de cuatro personas vinculadas a la Nueva EPS, en un proceso que busca establecer si hubo responsabilidades por las decisiones y actuaciones relacionadas con la atención médica que recibió el menor.
Los llamados a audiencia son Luis Óscar Galves Mateus, quien se desempeñaba como interventor de la Nueva EPS; Nelson Ramírez Plaza, quien para ese momento era auditor de concurrencia y gerente regional; y las funcionarias Jessika Paola Triana Sagastuy y Diana Marcela Caballero Arias. La audiencia quedó programada para el próximo lunes 24 de agosto ante un juez de control de garantías en Paloquemao.
El caso que terminó con la muerte de Kevin
Kevin Arley Acosta Pico murió el 13 de febrero de 2026 en Bogotá, después de permanecer en estado crítico. El menor tenía hemofilia A severa, una enfermedad que requiere un tratamiento permanente para disminuir el riesgo de sangrados graves.
Según la información conocida durante la investigación, el niño sufrió una caída mientras montaba bicicleta y se golpeó la cabeza desde una altura aproximada de un metro y medio. El accidente provocó un trauma craneoencefálico severo y posteriormente fue trasladado desde el Huila hasta Bogotá para recibir atención especializada.
El caso tomó mayor relevancia porque, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía y las denuncias de la familia, hubo dificultades para garantizar de manera oportuna el suministro de los medicamentos que Kevin necesitaba para controlar su enfermedad.
La madre del menor, Yudy Katerine Pico, había denunciado públicamente que su hijo llevaba varias semanas sin recibir el tratamiento y que las demoras en la atención especializada terminaron agravando su condición.
La Procuraduría también concluyó meses atrás que la falta de suministro oportuno del medicamento Emicizumab puso al niño en una situación clínica crítica y abrió una investigación contra el entonces interventor de la Nueva EPS.
Cuatro funcionarios deberán responder ante la justicia
La Fiscalía sostiene que existen elementos suficientes para llevar ante un juez a los cuatro funcionarios y formularles imputación por homicidio culposo.
La investigación busca establecer qué decisiones se tomaron frente al tratamiento del menor, cómo funcionó la atención y si las actuaciones u omisiones de los funcionarios tuvieron relación con el desenlace que terminó con la muerte de Kevin.
Es importante precisar que una imputación no significa una condena. Será la justicia la encargada de determinar, durante el proceso, si existió responsabilidad penal individual y cuál fue el papel de cada uno de los investigados.
También investigan la historia clínica de Kevin
El caso tiene otro componente que permanece bajo investigación: la filtración de la historia clínica del menor.
La Fiscalía busca establecer cómo salió de los canales institucionales la información médica de Kevin y de qué manera terminó siendo divulgada públicamente. Por estos hechos también se han tomado decisiones para determinar posibles responsabilidades por la utilización y exposición de información médica que tenía carácter reservado.
Dentro de esta misma investigación fueron compulsadas copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que se determine si existen elementos que permitan abrir una investigación contra el expresidente Gustavo Petro por hechos relacionados con la filtración de la historia clínica y otras circunstancias que rodean el caso.
La audiencia será el 24 de agosto
El próximo paso será la audiencia de imputación de cargos, prevista para el lunes 24 de agosto en el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao.
Allí la Fiscalía expondrá ante el juez los elementos que sustentan su decisión de investigar penalmente a los cuatro funcionarios por la muerte de Kevin Acosta.
El caso ha generado preocupación por las dificultades que enfrentan pacientes con enfermedades de alto riesgo cuando se presentan retrasos en la entrega de medicamentos o en el acceso a servicios especializados. Ahora será la justicia la que deberá establecer si en el caso de Kevin hubo actuaciones u omisiones que puedan tener consecuencias penales.
Para la familia del menor, el proceso representa un nuevo capítulo en la búsqueda de respuestas sobre lo que ocurrió durante las semanas previas a su muerte. Para la Fiscalía, el reto será demostrar ante los tribunales si las decisiones tomadas dentro de la Nueva EPS tuvieron una relación penalmente relevante con el desenlace.
La investigación continúa y será en las actuaciones judiciales donde se definirá la responsabilidad de cada uno de los involucrados.
