Una denuncia presentada en septiembre volvió a poner bajo la lupa un caso ocurrido en octubre de 2024 dentro de una fraternidad de la Universidad Cornell, en Nueva York. La Fiscalía del condado de Tompkins decidió reabrir la investigación después de que una antigua estudiante denunciara en una demanda civil que fue drogada y agredida sexualmente por siete integrantes de la fraternidad Chi Phi.

La mujer, identificada en los documentos judiciales como Jane Doe para proteger su identidad, tenía 20 años cuando ocurrieron los hechos. En la demanda, presentada el 16 de septiembre de 2026, sostiene que los abusos ocurrieron durante varias horas en la vivienda de la fraternidad.

Los siete hombres señalados no han sido formalmente acusados de un delito. La investigación penal apenas vuelve a comenzar y la Fiscalía deberá determinar si existen elementos suficientes para presentar cargos.

El caso había quedado sin cargos en 2024

La estudiante había acudido a la policía de Cornell después de los hechos ocurridos el 19 de octubre de 2024. Sin embargo, en ese momento la Fiscalía del condado de Tompkins decidió no presentar cargos.

El fiscal Matthew Van Houten explicó que la declaración entregada entonces describía aspectos de la noche de una manera diferente a la versión incluida posteriormente en la demanda civil. Según la Fiscalía, en aquella primera declaración la mujer habló del consumo voluntario de alcohol y drogas y de actividades sexuales que describió como consentidas.

Ahora, la nueva demanda incorpora otros detalles y afirma que la estudiante estaba demasiado intoxicada para consentir y que fue presionada para consumir alcohol, marihuana y ketamina antes de las agresiones que denuncia.

La demanda cambió el rumbo del caso

La demanda civil presentada en septiembre menciona a siete integrantes de la fraternidad Chi Phi, a la propia fraternidad, a Cornell University y a otras organizaciones estudiantiles.

En ella, Jane Doe sostiene que los siete hombres participaron en diferentes momentos de las agresiones y que algunos mensajes intercambiados después de lo ocurrido forman parte de las pruebas que deberían ser examinadas.

La presentación de la demanda hizo que el caso volviera a ocupar la atención pública y llevó a la Fiscalía a anunciar que presentará la investigación ante un gran jurado para determinar si existen fundamentos para formular cargos penales.

Cornell cerró la fraternidad

La Universidad Cornell aseguró que realizó una investigación interna después de conocer la denuncia en 2024. La institución informó que la sede de Chi Phi fue cerrada y que la organización permanece fuera del campus.

Cornell también indicó que su proceso disciplinario fue adelantado por funcionarios y profesores encargados de revisar este tipo de casos y que se impusieron sanciones, entre ellas expulsiones y suspensiones. La universidad sostiene que no puede revelar información individual debido a las normas de privacidad aplicables a los estudiantes.

Al mismo tiempo, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, pidió una revisión independiente de la manera como Cornell manejó la denuncia y sus procesos internos.

Una investigación que vuelve a los tribunales

El caso también abrió una discusión sobre las normas de Nueva York relacionadas con el consentimiento cuando una persona está bajo los efectos del alcohol o de sustancias.

La legislación estatal distingue entre la intoxicación voluntaria y la incapacidad producida involuntariamente, una diferencia que puede influir en la posibilidad de demostrar que una persona no estaba en condiciones de consentir una relación sexual. El caso de Cornell volvió a poner ese punto en el debate público.

Por ahora, la investigación está abierta y será el gran jurado el que determine si existen elementos para avanzar hacia una acusación penal. Ninguno de los siete hombres señalados ha sido formalmente acusado hasta este momento.

El caso continúa además por la vía civil, donde Jane Doe reclama responsabilidades a los estudiantes señalados, a la fraternidad y a la Universidad Cornell por la manera en que, según su demanda, se manejó lo ocurrido.

La investigación busca ahora aclarar qué sucedió aquella noche de octubre de 2024 y establecer si las nuevas pruebas permiten llevar el caso a una instancia penal.