El Gobierno británico presentó este miércoles en el Parlamento el proyecto de ley sobre suicidio asistido, que busca autorizar a las personas con enfermedades terminales el derecho a decidir si quieren poner fin a su vida.

La pieza legislativa, titulada «Proyecto de ley sobre adultos con enfermedades terminales (final de la vida)», será debatida y votada por los diputados el próximo 29 de noviembre, informó el presidente de la Cámara de los Comunes (Baja), Lindsay Hoyle.

Los parlamentarios tendrán libertad para votar en lugar de hacerlo según lo disponga su respectivo partido político.

El suicidio asistido está prohibido en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte y se castiga con una pena máxima de 14 años de prisión, mientras que en Escocia es posible que ayudar a una persona a morir pueda dar lugar a ser procesado por homicidio culposo.

El proyecto de ley fue introducido hoy después de una intensa campaña de grupos que apoyan la eutanasia para casos de enfermos con enfermedades terminales extremadamente dolorosas.

La denominada campaña ‘Dignidad al morir’ considera que el suicidio asistido puede permitir a un enfermo decidir cómo acabar su vida si el sufrimiento resulta imposible de soportar.

Sin embargo, otro grupo, ‘Cuidado, No Muerte’, argumenta que debería ponerse más atención en apoyar mejores tratamientos paliativos en lugar de modificar la legislación.

Agrega que legalizar la muerte asistida podría «ejercer presión sobre las personas vulnerables para que pongan fin a sus vidas por miedo a ser una carga financiera, emocional o de cuidado para otros» y argumentan que los discapacitados, los ancianos, los enfermos o los deprimidos podrían estar especialmente en riesgo.

Durante la campaña electoral de este año, el primer ministro británico, Keir Starmer, se comprometió a presentar este proyecto de ley en el Parlamento si ganaba los comicios del pasado 4 de julio.

Una vez que los diputados debatan y voten el proyecto en segunda lectura en noviembre, la pieza legislativa pasará a la fase de comités, que permitirá a los parlamentarios presentar enmiendas, para después pasar a la Cámara de los Lores (alta), por lo que no se espera que se convierta en ley hasta el año próximo.

Esta será la primera vez en casi diez años que esta legislación entra en el Parlamento, después de que un proyecto de ley similar fue debatido en los Comunes en el año 2015 pero rechazado.

El arzobispo de Canterbury, Justin Welby, primado de la Iglesia de Inglaterra, calificó el proyecto de una «pendiente resbaladiza» que puede llevar a más personas a poner fin a su vida.

«Creo que este enfoque es peligroso y nos lleva a una dirección que es aún más peligrosa, y en todos los demás lugares donde se ha hecho, ha llevado a una pendiente resbaladiza», dijo anoche Welby a la cadena británica BBC.