La lucha contra el robo de ganado en el departamento del Atlántico se está perdiendo, dejando sin opciones a pequeños y medianos ganaderos que durante años han sostenido la economía rural del territorio y aportado a la seguridad alimentaria. Este creciente fenómeno ha generado un ambiente de temor y desprotección que amenaza la continuidad de la actividad ganadera y el arraigo de las comunidades campesinas.

Con la expansión del crimen organizado, también se ha sofisticado el robo de ganado, que con una logística criminal más compleja hoy evidencia un escalamiento en la modalidad delictiva. Si bien en el Atlántico se venían denunciando casos de abigeato de dos y tres reses diarias, una cifra ya de por sí preocupante, en los últimos meses se ha registrado una evolución aterradora del delito, que enciende todas las alarmas.

De un tiempo para acá, los hurtos han pasado de casos menores de carneo a masivos robos. El más reciente, ocurrido en el municipio de Galapa, donde fueron hurtadas 47 cabezas de ganado avaluadas en más de 280 millones de pesos, confirma que no se trata de delincuencia común, sino de estructuras criminales organizadas, con capacidad logística, información previa y recursos suficientes para movilizar decenas de animales por carreteras secundarias sin ser detectadas.

Debido al miedo, la desconfianza, la escasa presencia institucional y los altos niveles de impunidad, factores que han favorecido la reiteración del delito en la región, muchos ganaderos optan por abstenerse de denunciar los casos de abigeato. Esta situación no solo profundiza el subregistro en las estadísticas oficiales, sino que también debilita la capacidad de respuesta del Estado y perpetúa un ciclo de impunidad que afecta gravemente el desarrollo del campo colombiano.

La creciente preocupación por la rápida expansión y el escalamiento del delito en el sector agrícola refleja el deterioro de las condiciones de seguridad y la persistente sensación de abandono institucional que enfrentan los ganaderos. A pesar de los esfuerzos y el trabajo de las autoridades en el departamento, las acciones implementadas siguen siendo insuficientes y, en muchos casos, desarticuladas, por lo que es necesaria la coordinación de una estrategia integral de seguridad rural, bajo el liderazgo del Gobierno Nacional, que combine prevención, control y sanción efectiva.

Para lograr resultados contundentes en la lucha contra el abigeato, se requiere intensificar el pie de fuerza en el sector rural, aumentar los puestos de control, así como regular de manera estricta el transporte y la comercialización de semovientes, mejorar los sistemas de inteligencia, reforzar las redes de comunicación y fortalecer la articulación entre autoridades, gremios ganaderos y comunidades rurales. El abigeato en el Atlántico no puede seguir siendo tratado como un problema marginal ni como una estadística más; urge restablecer la seguridad, la confianza institucional y la estabilidad económica del sector ganadero.