Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia, pidió explicaciones al procurador Gregorio Eljach por la falta de una decisión disciplinaria conocida sobre las declaraciones del exministro contra la magistrada Cristina Lombana.

La actuación de los organismos de control en Colombia vuelve al centro del debate público. Esta vez, el cuestionamiento está dirigido a la Procuraduría General de la Nación por la demora en el proceso disciplinario relacionado con las declaraciones del exministro del Interior Armando Benedetti contra la entonces magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana.

El reclamo fue formulado por Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), quien pidió al procurador general, Gregorio Eljach, explicar por qué, después de casi doce meses, no se conoce una decisión de fondo en el caso. Durante su intervención en la Gran Cumbre Internacional de la Justicia, Herrera cuestionó públicamente la falta de resultados y reclamó mayor celeridad en las actuaciones disciplinarias.

El directivo también recordó que la corporación presentó una denuncia sobre estos hechos a través de su subdirector, Andrés Pérez Velasco, y aseguró que no ha recibido respuesta. En ese contexto, advirtió sobre el riesgo de que las investigaciones de interés público se prolonguen sin que la ciudadanía conozca avances o decisiones concretas.

“No podemos permitir que la Procuraduría se convierta en una lavadora de pecados ajenos, como tampoco que se convierta en una sastrería para la impunidad”, afirmó Herrera al insistir en la necesidad de transparencia y rendición de cuentas por parte de los organismos de control.

El pronunciamiento también incluyó un llamado a proteger la independencia de la Rama Judicial y a evitar que las diferencias políticas se traduzcan en ataques contra jueces y magistrados. Por ahora, el reclamo de la CEJ pone el foco en la oportunidad de la actuación disciplinaria; el estado actualizado del expediente y las razones de los tiempos procesales deben ser aclarados por la Procuraduría.