La Corte Constitucional se prepara para discutir en sus próximas salas plenas dos demandas contra la Ley 2494 de 2025, conocida como Ley de Encuestas, una norma que endureció las condiciones para la elaboración, publicación y vigilancia de sondeos electorales en Colombia.

La ley, que ya rigió para las elecciones legislativas y también aplicaría para las presidenciales de 2026, estableció nuevos requisitos técnicos sobre muestreo, márgenes de error, niveles de confianza, representatividad territorial, divulgación de fichas técnicas, procedimientos estadísticos e identificación de los responsables de la recolección de datos.

Uno de los puntos más controversiales fue la creación de la Comisión Técnica de Vigilancia de Encuestas, un órgano adscrito al Consejo Nacional Electoral encargado de auditar los sondeos electorales. La medida fue defendida en el Congreso bajo el argumento de garantizar mayor transparencia y calidad en la información que circula durante las campañas.

Sin embargo, la Corte Constitucional tiene abiertos dos expedientes contra esta norma. Una demanda fue presentada por Juan Manuel López Molina contra la totalidad de la ley y está en estudio del magistrado Juan Carlos Cortés. La otra fue interpuesta por José David Riveros Namen contra varios artículos específicos y es analizada por la magistrada Paola Meneses.

De acuerdo con Valora Analitik, las ponencias que llegarían a discusión plantean declarar la inconstitucionalidad de la norma. Uno de los principales cuestionamientos es que la Ley de Encuestas habría debido tramitarse como ley estatutaria y no como ley ordinaria, debido a que regula temas relacionados con participación política, procesos electorales y libertad de expresión.

La discusión será clave para el desarrollo de la campaña presidencial de 2026, en la que las encuestas se han convertido en una herramienta central para medir tendencias, orientar estrategias políticas y alimentar el debate público.

Si la Corte Constitucional tumba la ley, podrían cambiar nuevamente las reglas para la publicación y control de sondeos electorales en plena temporada política, lo que abriría un nuevo capítulo en la discusión sobre transparencia, información electoral y garantías democráticas en Colombia.