La contratación de dos creadoras de contenido digital por parte de Inravisión, el sistema de medios públicos que reemplazó a RTVC, abrió una discusión dentro de sectores que respaldan al presidente Abelardo De La Espriella.

Se trata de Stephany Forero y Alejandra Montes Rojas, dos influenciadoras que durante la campaña presidencial utilizaron sus redes sociales para respaldar al hoy mandatario y que ahora aparecen vinculadas mediante contratos de prestación de servicios a la entidad encargada de administrar los medios públicos.

El caso llamó especialmente la atención porque durante el anterior Gobierno hubo fuertes críticas desde la oposición por la contratación de influenciadores cercanos al entonces presidente Gustavo Petro en RTVC. Ahora algunos de esos mismos sectores cuestionan que una práctica similar pueda repetirse bajo la nueva administración.

Los contratos que están bajo la lupa

De acuerdo con la información publicada por El Colombiano y los registros de contratación citados por ese medio, Stephany Forero fue vinculada para desarrollar actividades relacionadas con el ecosistema digital de Inravisión.

Su contrato tiene un valor de 15.906.053 pesos y está vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. El valor mensual reportado es de 4.869.200 pesos.

Alejandra Montes Rojas, tecnóloga en creación audiovisual y también cercana a la campaña de De La Espriella, fue contratada para realizar contenidos de acuerdo con las necesidades del ecosistema digital de la entidad.

Según los datos divulgados sobre su contratación, el contrato supera los 16 millones de pesos y también tiene vigencia hasta finales de 2026.

Los contratos, por sí solos, no prueban que exista una irregularidad. El cuestionamiento que se ha planteado está relacionado principalmente con la cercanía política que ambas tuvieron con el presidente durante la campaña y con la decisión de vincularlas posteriormente a una entidad pública.

Daniel Briceño cuestiona la decisión

Entre quienes han expresado reparos está el representante a la Cámara Daniel Briceño, uno de los dirigentes de derecha que en el pasado cuestionó la contratación de influenciadores afines al petrismo en el sistema de medios públicos.

La discusión, por eso, no se limita a los valores de los contratos. El debate está relacionado con el criterio utilizado para escoger a personas que tuvieron una participación visible en la campaña presidencial y que posteriormente pasan a trabajar para una entidad estatal.

El caso vuelve a poner sobre la mesa una discusión que ya había generado enfrentamientos durante el Gobierno de Gustavo Petro: hasta dónde puede llegar la contratación de creadores de contenido con posiciones políticas conocidas cuando se trata de trabajar con medios financiados con recursos públicos.

El Gobierno había anunciado una revisión de los contratos

La controversia también llega en un momento en el que el propio presidente De La Espriella ha ordenado revisar la contratación de todo el Estado.

En agosto pasado, el mandatario anunció una revisión de los contratos de prestación de servicios, consultorías, interventorías, producción, logística, eventos y otras modalidades de contratación para identificar posibles concentraciones de negocios, intermediaciones innecesarias o contrataciones sin suficiente justificación.

De La Espriella sostuvo entonces que la revisión sería general y que no habría excepciones para ningún sector o entidad.

Por eso, el caso de Inravisión queda ahora bajo el escrutinio público. La discusión tendrá que establecer si las contrataciones de Forero y Montes responden a necesidades concretas del sistema de medios públicos, si cumplieron los requisitos exigidos y si los procesos se realizaron bajo criterios objetivos.

Una discusión que vuelve a RTVC

El episodio recuerda las polémicas que durante años han acompañado la contratación de activistas e influenciadores políticos en los medios públicos.

Durante la administración Petro, varios creadores de contenido cercanos al Gobierno tuvieron contratos con RTVC, situación que fue cuestionada por sectores de oposición. Uno de los casos conocidos fue el de Jader David Rozo Rojas, conocido como Don Izquierdo, quien en 2024 obtuvo un contrato de 35 millones de pesos para actividades relacionadas con periodismo digital.

Ahora, con el cambio de Gobierno y la transformación de RTVC en Inravisión, la discusión vuelve a aparecer, pero esta vez con figuras identificadas políticamente con el nuevo presidente.

Por ahora, la controversia se concentra en la pertinencia de estas contrataciones y en la necesidad de que el sistema de medios públicos explique con claridad qué funciones cumplen los contratistas, cómo fueron seleccionados y qué resultados deben entregar.

Más allá de las posiciones políticas de las dos influenciadoras, el punto de fondo es el manejo de los recursos públicos y la obligación de que los procesos de contratación puedan ser examinados bajo los mismos criterios de transparencia que el actual Gobierno reclamó durante su etapa de oposición.