El programa Computadores para Educar denunció graves irregularidades en la compra de miles de portátiles que debían beneficiar a estudiantes de colegios públicos en diferentes regiones del país, pero que terminaron presentando fallas masivas de funcionamiento.

De acuerdo con la información conocida, entre 2022 y 2023 Computadores para Educar adquirió 76.000 portátiles por cerca de 57.000 millones de pesos. Las órdenes de compra fueron adjudicadas a Selcomp Ingeniería S. A. S., mientras que los equipos entregados correspondían a la marca Compumax.

El caso encendió las alarmas luego de que se identificaran fallas en más de 41.000 computadores distribuidos en instituciones educativas públicas de distintos departamentos. Los reportes comenzaron a llegar desde municipios como Chigorodó, en Antioquia; Puente Nacional, en Santander; y zonas de Nariño y Cauca, entre otros territorios.

Según los hallazgos, los equipos presentaban problemas como bloqueos del sistema operativo, recalentamientos, fallas en discos duros y otros daños que impedían su uso adecuado por parte de estudiantes y docentes. La situación afecta a cerca de 120.000 niños y adolescentes que esperaban acceder a herramientas tecnológicas para fortalecer su proceso educativo.

Uno de los puntos cuestionados tiene que ver con las pruebas de calidad realizadas antes de recibir los equipos. En el primer lote de 310 portátiles solo se revisaron 32, mientras que en una entrega posterior de 13.000 unidades apenas se probaron 200 equipos, menos del 2 por ciento del total recibido.

También se señaló que Selcomp Ingeniería no solo fue proveedor de los computadores, sino que además atendía la mesa de servicio encargada de recibir y tramitar las quejas de los beneficiarios, situación que genera dudas sobre la independencia en la gestión de los reclamos.

Ante las fallas reportadas, Selcomp y Compumax propusieron cambiar los discos duros de 60.000 portátiles. Sin embargo, los problemas detectados no estarían limitados a ese componente, pues también se han identificado fallas en otras partes esenciales de los equipos.

La Contraloría General de la República adelanta una investigación sobre este contrato, considerado lesivo para el Estado y perjudicial para miles de estudiantes de colegios públicos que dependen de estos dispositivos para acceder a mejores oportunidades educativas.

El caso abre un nuevo debate sobre la calidad de las compras públicas, los controles en la contratación estatal y la responsabilidad de los proveedores cuando los bienes entregados no cumplen con las condiciones necesarias para beneficiar a las comunidades escolares.