La discusión sobre una tarifa diferencial para estudiantes en TransMilenio volvió al debate público en Bogotá, luego de las recientes manifestaciones y actos vandálicos registrados en la capital, en los que algunos grupos exigieron beneficios económicos para acceder al sistema de transporte.

Los concejales Julián Uscátegui y José Cuesta expusieron posiciones distintas sobre la viabilidad de aplicar nuevas medidas tarifarias en el sistema. Cuesta defendió la implementación de una tarifa diferencial e incluso planteó que Bogotá podría avanzar hacia una tarifa cero para ciertos sectores estudiantiles, argumentando que existe sustento técnico, jurídico y financiero para hacerlo.

El concejal José Cuesta recordó que el Acuerdo 615 de 2015 contempla beneficios para estudiantes de estratos 1, 2 y 3, pero sostuvo que esta disposición no se está aplicando. Según el cabildante, muchos jóvenes enfrentan dificultades económicas y, en algunos casos, deben escoger entre pagar el transporte o cubrir otras necesidades básicas.

Por su parte, el concejal Julián Uscátegui aseguró que está de acuerdo con tarifas diferenciales para poblaciones vulnerables y estudiantes, pero advirtió que cualquier beneficio debe ir acompañado de control, cultura ciudadana y cumplimiento de las normas dentro del sistema.

Uscátegui señaló que cerca del 30 por ciento de los usuarios no paga el pasaje en TransMilenio, situación que, según dijo, genera pérdidas diarias cercanas a los 728 millones de pesos y mantiene en crisis las finanzas del sistema. También indicó que la evasión, los daños a la infraestructura y la falta de sanciones efectivas dificultan la aplicación de nuevos beneficios tarifarios.

En contraste, Cuesta aseguró que el problema de fondo está en el modelo financiero de TransMilenio. El concejal afirmó que el sistema cuesta aproximadamente 3,3 billones de pesos al año y cuestionó las utilidades que reciben los operadores privados, por lo que propuso revisar y renegociar los contratos vigentes.

El debate se produce en medio de cuestionamientos ciudadanos por la calidad del servicio, la inseguridad, la evasión del pago y las pérdidas económicas del sistema. Mientras algunos sectores insisten en priorizar alivios para estudiantes, otros advierten que sin controles efectivos cualquier beneficio podría profundizar el déficit financiero.

La discusión continuará en el Concejo de Bogotá, donde se espera que la administración distrital evalúe alternativas para mejorar la sostenibilidad de TransMilenio, garantizar el acceso de poblaciones vulnerables y fortalecer la operación del principal sistema de transporte masivo de la capital.