El sistema pensional colombiano atraviesa una crisis que ha quedado en evidencia con los más recientes rankings internacionales, que sitúan al país entre los peores del mundo en sostenibilidad, equidad y cobertura. Los estudios revelan profundas deficiencias estructurales que amenazan el bienestar de millones de trabajadores y jubilados.

De acuerdo con el Índice Global de Jubilación 2024, elaborado por Natixis Investment Managers, Colombia ocupa el puesto 43 entre 44 países evaluados, solo por encima de Brasil. El informe advierte que el país tiene uno de los peores desempeños en “bienestar material”, indicador que mide la capacidad de los pensionados para mantener una calidad de vida digna.

Por su parte, el Índice Global de Pensiones 2024 de Mercer y el CFA Institute otorga a Colombia una calificación de 63 sobre 100, ubicándolo en una posición media. Aunque el resultado es menos negativo, el estudio coincide en señalar que el sistema necesita transformaciones profundas para garantizar su sostenibilidad a largo plazo.

Uno de los datos más preocupantes es que Colombia apenas alcanza un 11 % del puntaje posible en bienestar material, lo que demuestra que los montos de las pensiones no son suficientes para cubrir las necesidades básicas de los jubilados. Esta situación refleja no solo un problema económico, sino también una falla estructural que agrava las desigualdades sociales.

El sistema pensional colombiano, creado en 1993, funciona bajo un modelo dual entre el Régimen de Prima Media (administrado por Colpensiones) y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (manejadas por las AFP). Sin embargo, la baja cobertura —pues solo el 43 % de los trabajadores cotiza de forma activa—, la alta informalidad laboral y la desigualdad en los aportes han impedido que cumpla su objetivo de garantizar una vejez digna.

A esto se suma el tope máximo de pensión, fijado en 25 salarios mínimos (alrededor de 32,5 millones de pesos), que solo beneficia a una minoría y deja sin protección a miles de trabajadores informales o con bajos ingresos.

Ante este panorama, el Gobierno nacional ha impulsado una reforma pensional que busca corregir las deficiencias del sistema y ampliar la cobertura. La propuesta, ya aprobada por el Congreso, aún espera el fallo de la Corte Constitucional para su entrada en vigor. Uno de los principales cambios es la creación de las Administradoras del Componente Complementario de Ahorro Individual (ACCAI), que manejarán los aportes de los trabajadores con ingresos superiores a 2,3 salarios mínimos.

Expertos advierten que, si bien la reforma podría mejorar la sostenibilidad del sistema, su éxito dependerá de la reducción de la informalidad laboral y de garantizar que las pensiones sean realmente suficientes para cubrir las necesidades básicas de los adultos mayores.

Con estos resultados, Colombia enfrenta el desafío urgente de reformar su modelo pensional para evitar una crisis social en el futuro y garantizar que el derecho a una vejez digna no sea un privilegio, sino una realidad para todos.