Ante la alerta nacional por posibles ataques criminales contra la fuerza pública conocidos como ‘plan pistola’, varios municipios del Atlántico decidieron reforzar sus medidas de seguridad durante este fin de semana. Galapa, Juan de Acosta y Usiacurí son algunas de las localidades que activaron restricciones preventivas para proteger a sus habitantes y prevenir hechos lamentables.

En Galapa, municipio que forma parte del área metropolitana de Barranquilla, comenzó a regir la conocida ‘Ley Zanahoria’, la cual restringe la circulación de menores de edad entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana si no están acompañados por un adulto responsable. Además, se prohibió el tránsito de parrilleros en motocicleta durante ese mismo horario, y se vetó el uso de elementos que cubran el rostro, como capuchas, máscaras o pasamontañas.

El alcalde Fabián Bonett explicó que estas medidas surgen como respuesta a las recomendaciones de las autoridades tras un consejo de seguridad celebrado en el municipio. “Todo el departamento del Atlántico se encuentra en estado de alerta por lo que viene ocurriendo con la Policía. Galapa no es ajeno a esta situación, y estamos implementando restricciones y operativos para proteger a nuestra comunidad”, aseguró el mandatario.

En Juan de Acosta se tomó la decisión de cancelar las tradicionales fiestas patronales que se iban a realizar en el corregimiento de San José de Saco, como una acción preventiva. De igual forma, en el municipio de Usiacurí se decretó ley seca para evitar aglomeraciones y mantener el orden público.

El paquete de medidas también contempla la suspensión de eventos públicos y privados al aire libre en las zonas señaladas. Las autoridades locales hicieron un llamado a la ciudadanía para que respeten las restricciones y colaboren con los controles, con el fin de garantizar la seguridad colectiva.

Para evaluar el impacto de estas decisiones y definir si se mantienen o refuerzan las medidas, este fin de semana se realizará un nuevo consejo de seguridad en coordinación con la Gobernación del Atlántico y la Policía Nacional.