La Aeronáutica Civil dejó sin efectos el proceso de licitación pública para contratar el servicio de vigilancia y seguridad privada en los aeropuertos administrados por la entidad, una decisión que pone fin a un contrato valorado en 78.562 millones de pesos y que había generado fuertes cuestionamientos por presuntas restricciones a la libre competencia entre las empresas interesadas en participar.
La determinación quedó oficializada mediante la Resolución 02267 del 16 de julio de 2026, firmada por el director Administrativo de la Aerocivil, Edilson Arenas Silva, documento que revoca la apertura de la Licitación Pública No. 26001276 H3 de 2026 y ordena la cancelación definitiva del proceso en la plataforma del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II). La resolución entró en vigencia de manera inmediata y establece que contra esta decisión no procede ningún recurso administrativo.
El contrato buscaba garantizar la prestación del servicio de vigilancia en las cinco regionales de la Aerocivil durante aproximadamente cinco meses, entre agosto y diciembre de 2026. Sin embargo, desde el inicio del proceso surgieron múltiples observaciones por parte de empresas del sector y gremios de seguridad privada, quienes advirtieron que los requisitos exigidos para participar favorecían a un reducido número de proponentes, limitando la competencia.
Entre los aspectos más controvertidos figuraban las exigencias relacionadas con la acreditación de sucursales autorizadas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada en numerosas ciudades del país, incluidas zonas apartadas como Mitú, Puerto Inírida y Puerto Carreño, además de requisitos técnicos específicos para algunos perfiles profesionales. Según los críticos del proceso, estas condiciones hacían prácticamente imposible que la mayoría de las compañías pudiera cumplir con los criterios establecidos.
La polémica tomó fuerza después de que distintos gremios solicitaran la intervención de organismos de control como la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, argumentando posibles afectaciones a los principios de transparencia, igualdad y pluralidad de oferentes en la contratación pública. Incluso varios sectores políticos pidieron revisar el proceso antes de su adjudicación.
Aunque la resolución expedida por la Aerocivil no expone públicamente las razones jurídicas que motivaron la revocatoria, la entidad ordenó retirar completamente el proceso del SECOP II y publicar el acto administrativo como parte de las medidas de transparencia institucional. Con esta decisión, el Gobierno deja sin efecto una de las licitaciones más discutidas de las últimas semanas y abre la posibilidad de estructurar un nuevo proceso que garantice condiciones equitativas para todos los participantes del sector de vigilancia y seguridad privada.
