El Consejo de Estado suspendió de manera provisional los efectos del decreto expedido por el Gobierno Nacional que eliminaba la prima especial de servicios para los congresistas elegidos para el período legislativo que inicia el 20 de julio de 2026, una decisión que reabre el debate sobre la remuneración de los parlamentarios y los límites jurídicos de las medidas adoptadas por el Ejecutivo en materia salarial.

La determinación del alto tribunal deja sin efecto, por ahora, la aplicación del Decreto 0030 de 2026, mediante el cual el Gobierno había derogado el Decreto 2170 de 2013 con el propósito de eliminar este beneficio económico, argumentando razones de austeridad, sostenibilidad fiscal y equidad salarial. La medida había sido presentada como una estrategia para reducir el gasto público y disminuir la brecha entre los ingresos de los congresistas y el resto de los servidores públicos.

La prima especial de servicios representa uno de los componentes de la remuneración mensual de los senadores y representantes a la Cámara. Según el Gobierno, este beneficio equivalía a cerca de 17 millones de pesos mensuales y solo dejaría de aplicarse para los nuevos integrantes del Congreso que asumirían funciones a partir del 20 de julio de 2026.

Sin embargo, la decisión del Consejo de Estado respondió a las demandas presentadas contra el decreto y a las advertencias de diversos sectores jurídicos, que señalaron posibles afectaciones sobre el régimen salarial de otros funcionarios públicos, como jueces, fiscales, magistrados y procuradores, cuyos ingresos están vinculados por normas especiales al salario de los congresistas.

Con la suspensión provisional, el máximo tribunal de lo contencioso administrativo evaluará de fondo la legalidad del decreto y determinará si el Ejecutivo tenía competencia para modificar este componente salarial mediante un acto administrativo o si era necesaria una intervención legislativa.

La decisión no constituye un fallo definitivo sobre el asunto, sino una medida cautelar mientras avanza el proceso judicial. En consecuencia, la eliminación de la prima especial queda congelada hasta que el Consejo de Estado emita una sentencia definitiva sobre la validez del decreto expedido por el Gobierno Nacional.