La presencia de militares armados en los alrededores del Congreso de la República durante las marchas del 14 de octubre en Bogotá desató una controversia política que involucró a la senadora Jennifer Pedraza, al presidente del Senado, Honorio Henríquez, y al expresidente Gustavo Petro.
Pedraza había cuestionado inicialmente al Gobierno de Abelardo de la Espriella por el despliegue de uniformados con fusiles en inmediaciones de la Plaza de Bolívar. Sin embargo, sus críticas se dirigieron posteriormente hacia Petro, después de que Henríquez afirmara que la solicitud para contar con ese dispositivo de seguridad había salido del esquema de protección del exmandatario.
Petro convocó las movilizaciones y asistió a la jornada, en la que la presencia de personal militar armado generó interrogantes sobre las medidas de seguridad adoptadas durante la manifestación.
Jennifer Pedraza cuestionó la presencia de francotiradores
Tras conocer la explicación del presidente del Senado, la congresista se pronunció a través de su cuenta en la red social X y cuestionó la decisión de solicitar ese tipo de despliegue durante una jornada de protesta.
“La petición de Petro y su esquema de seguridad es inaceptable. ¿Qué van a hacer estos francotiradores? ¿Dispararle a alguien en medio de la marcha?”, escribió Pedraza.
La senadora manifestó su preocupación por la presencia de hombres armados en un escenario de movilización ciudadana y puso en duda la necesidad de contar con ese tipo de personal en las inmediaciones del Congreso.
Sus declaraciones ampliaron la controversia, pues sus cuestionamientos iniciales estaban dirigidos al Gobierno nacional y luego incluyeron al expresidente Petro, a partir de la versión entregada por Honorio Henríquez.
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La versión del presidente del Senado
Honorio Henríquez aseguró que la solicitud para el despliegue de militares armados fue realizada por el esquema de seguridad de Gustavo Petro. Esa declaración cambió el foco de la discusión política y motivó la reacción de Pedraza.
La controversia se centra ahora en quién pidió el dispositivo, por qué se consideró necesario y cuál era la función de los uniformados durante las manifestaciones.
Hasta el momento, las declaraciones citadas no permiten establecer por sí solas todos los detalles operativos del despliegue ni las razones específicas que justificaron la presencia de francotiradores. Para aclarar esos puntos, sería necesario conocer la solicitud formal y la explicación de las autoridades responsables del operativo.
Debate sobre seguridad y derecho a la protesta
Pedraza insistió en que la presencia de personal armado genera inquietudes para quienes participan en las manifestaciones y ejercen su derecho a la protesta pacífica. Su cuestionamiento, según expresó, no depende únicamente de quién haya solicitado el dispositivo, sino también de la pertinencia de esas medidas en medio de una movilización ciudadana.
El episodio abrió una discusión sobre los protocolos de seguridad durante las marchas, la coordinación entre las autoridades y los esquemas de protección de los dirigentes políticos.
La polémica también puso sobre la mesa la necesidad de explicar con claridad qué medidas se adoptan en estos escenarios y cómo se garantiza la seguridad sin afectar el ejercicio de los derechos ciudadanos.
La discusión continúa a partir de las versiones conocidas sobre el origen de la solicitud y las preguntas planteadas por la senadora. La información disponible deberá contrastarse con las explicaciones oficiales sobre el operativo para establecer con precisión cómo se tomó la decisión y cuál fue el papel de cada entidad involucrada.
