El costo de los esquemas de seguridad asignados a congresistas y concejales de Bogotá volvió a abrir el debate sobre cuánto dinero público se destina a proteger a los funcionarios elegidos por voto popular.

El representante a la Cámara Daniel Briceño, del Centro Democrático, aseguró que los contratos relacionados con la seguridad de senadores, representantes y concejales de Bogotá representan más de 181.413 millones de pesos durante 2026.

Según el cálculo presentado por el congresista, si se mantiene un nivel de gasto similar durante todo el actual periodo legislativo, la cifra podría acercarse a los 725.000 millones de pesos en cuatro años.

Cuánto se está pagando en 2026

Briceño publicó el dato en sus redes sociales y planteó que el costo de estos esquemas debería ser revisado con mayor detalle.

La cifra de 181.413.400.168 pesos corresponde, según los datos expuestos por el representante, a los contratos vigentes durante 2026 para la protección de los miembros del Congreso y los concejales de Bogotá.

El mayor componente estaría relacionado con la Cámara de Representantes, mientras que el Senado y el Concejo de Bogotá completan el cálculo presentado por Briceño. De acuerdo con la información recopilada a partir de los procesos de contratación, la Cámara tiene un contrato cercano a los 123.225 millones de pesos, el Senado suma más de 45.118 millones y los esquemas destinados al Concejo de Bogotá rondan los 13.070 millones.

Una camioneta y escoltas para los congresistas

El debate no se limita al dinero destinado a los contratos.

En el Congreso, los esquemas de seguridad pueden incluir vehículos blindados y personal de protección. La asignación final depende de los estudios de riesgo realizados a cada funcionario.

De acuerdo con la información publicada por Semana, cada senador y representante cuenta como mínimo con una camioneta y dos integrantes de su esquema, aunque en algunos casos se asignan dos o tres vehículos y hasta ocho escoltas, dependiendo de la evaluación de seguridad.

El Concejo de Bogotá también tiene un esquema propio. La corporación cuenta con 45 camionetas blindadas y personal de la Policía destinado a su protección.

Briceño ha cuestionado estos esquemas desde el Concejo

La posición del congresista no es nueva. Durante su paso por el Concejo de Bogotá ya había cuestionado el gasto destinado a la protección de funcionarios y había planteado que los estudios de riesgo deberían determinar quién realmente necesita un esquema.

Ahora, desde la Cámara de Representantes, retomó esa discusión y pidió revisar cuánto le cuestan estas medidas al Estado.

Briceño también decidió no aceptar un esquema de seguridad asignado por las autoridades. En septiembre explicó que rechazaba la presencia de policías para su protección porque, según su argumento, Bogotá enfrenta un déficit de más de 6.000 uniformados y consideraba que esos agentes debían permanecer disponibles para atender a los ciudadanos.

El debate está en el riesgo real

Los esquemas de seguridad no se asignan únicamente por ocupar una curul. Existen estudios que determinan el nivel de riesgo y, a partir de ese análisis, se establece qué tipo de protección requiere cada persona.

Precisamente por eso, el debate que plantea Briceño apunta a revisar si todos los esquemas actuales responden a una necesidad real y si el tamaño de los dispositivos de protección corresponde al nivel de riesgo de cada funcionario.

El congresista ya había planteado una discusión similar frente a la Unidad Nacional de Protección. En julio aseguró que el problema no era eliminar la seguridad para quienes realmente la necesitan, sino mejorar la manera en que se determina quién debe recibirla y qué recursos deben asignarse.

Una discusión que vuelve al Congreso

El cálculo de 181.413 millones de pesos para 2026 y la proyección cercana a 725.000 millones durante cuatro años corresponden a las cifras expuestas por Daniel Briceño y no significan que ese monto de cuatro años ya haya sido ejecutado.

Lo que sí vuelve a quedar sobre la mesa es el costo de mantener vehículos blindados, escoltas y demás elementos de protección para funcionarios públicos.

Para Briceño, el tamaño de estos gastos justifica una revisión de fondo. El debate ahora queda en manos de las entidades encargadas de definir los esquemas de seguridad y de las propias corporaciones públicas, que tendrán que establecer hasta dónde se puede reducir el gasto sin poner en riesgo a quienes realmente enfrentan amenazas.

La discusión, en últimas, no pasa por eliminar la protección de los funcionarios que están en riesgo, sino por determinar con mayor precisión quién la necesita, cuánto cuesta y si los recursos públicos están siendo utilizados de acuerdo con ese nivel de riesgo.