Una declaración que Rodrigo Londoño Echeverri, conocido como Timochenko, entregó ante la Jurisdicción Especial para la Paz en 2019 volvió a generar una fuerte discusión política en Colombia.
Los apartes de esa audiencia reservada fueron divulgados este 5 de octubre de 2026 por la senadora María Clara Posada, del Centro Democrático. En la diligencia, el último comandante de las extintas Farc-EP habló sobre el trato que recibían los secuestrados, las negociaciones del acuerdo de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos y las condiciones que se discutían para las sanciones contra los integrantes de la antigua guerrilla.
La audiencia se realizó en febrero de 2019
Según la información divulgada, la declaración fue entregada el 14 de febrero de 2019 en una audiencia reservada de la JEP que estuvo presidida por la magistrada Julieta Lemaitre.
Uno de los temas abordados fue el tratamiento que recibían las personas secuestradas por las Farc. Timochenko aseguró durante la diligencia que existían instrucciones internas para garantizarles alimentación y evitar agresiones físicas.
En los fragmentos conocidos, Londoño sostuvo que la tortura no estaba permitida y que incluso las agresiones entre integrantes de la organización podían ser sancionadas internamente.
Esta versión ha sido cuestionada porque contrasta con las conclusiones que posteriormente ha establecido la propia JEP dentro del macrocaso de secuestro, en el que se han documentado graves afectaciones contra las víctimas y se han atribuido responsabilidades a antiguos integrantes del Secretariado de las Farc.
Esto habría dicho presuntamente Timochenko ante la JEP en una declaración el 14/feb/2019 presidida por la Magistrada Julieta Lemaitre.
Frente a los secuestrados:
“Había criterios unitarios de buen trato, buena comida. Incluso, si no había comida para uno, para el que estaba retenido se le debía garantizar la comida (…) tortura no, jamás”
Esta sería otra muestra del cinismo y la burla a las víctimas que propicia la JEP.
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— Maria Clara Posada (@MaclaPosada) October 5, 2026
La discusión sobre las penas en Cuba
Uno de los apartes que más reacciones provocó está relacionado con las sanciones que enfrentarían los integrantes de las Farc después de la firma del acuerdo de paz.
Al recordar las conversaciones con el Gobierno de Juan Manuel Santos, Timochenko contó que existía preocupación dentro de la guerrilla por la posibilidad de terminar en prisión después de entregar las armas.
En ese contexto relató una conversación con una persona a la que identificó como un “doctor”, cuya identidad no aparece establecida en los fragmentos divulgados.
Según el relato de Londoño, esa persona habría planteado la posibilidad de establecer penas más suaves que pudieran cumplirse en La Habana y que el tiempo que los negociadores llevaban en Cuba fuera contabilizado dentro de la sanción.
La declaración ha generado críticas porque vuelve a poner sobre la mesa las discusiones que existieron durante la negociación sobre el tipo de sanciones que recibirían los responsables de los crímenes cometidos durante el conflicto armado.
Timochenko también habló de la JEP
Otro de los apartes divulgados se refiere directamente al tribunal de paz.
Londoño cuestionó que los integrantes de las Farc pudieran atacar o desconocer la JEP, teniendo en cuenta que, según sus propias palabras, la antigua guerrilla había participado en las discusiones que llevaron a la creación del mecanismo de justicia transicional.
La frase fue utilizada por María Clara Posada para reforzar sus cuestionamientos contra la jurisdicción.
La senadora sostuvo que el contenido de la audiencia demuestra, desde su perspectiva, que las Farc tuvieron una influencia importante en el diseño del sistema de justicia transicional y volvió a reclamar mayores consecuencias frente a los responsables de los delitos cometidos durante el conflicto.
La senadora cuestiona el funcionamiento de la JEP
Posada también aprovechó la divulgación de los audios para cuestionar el funcionamiento actual de la jurisdicción.
La congresista ha venido criticando el presupuesto de la JEP y defiende el recorte de 170.000 millones de pesos planteado para 2027.
Además, aseguró que entre 2020 y 2026 la entidad habría destinado 56.435 millones de pesos a viajes, viáticos y tiquetes. Según sus denuncias, en ese periodo se realizaron más de 75 viajes internacionales.
Estas cifras corresponden a los cuestionamientos y denuncias planteados por la senadora y hacen parte del debate político que actualmente existe alrededor del presupuesto y funcionamiento de la JEP.
El debate vuelve a tocar a las víctimas
El contenido divulgado también reabrió la discusión sobre la distancia entre las versiones entregadas por antiguos comandantes de las Farc y los testimonios de quienes permanecieron secuestrados durante años.
La JEP ha establecido dentro del macrocaso de secuestro que las prácticas utilizadas por las Farc produjeron graves afectaciones a las víctimas y ha atribuido responsabilidades por crímenes de guerra y de lesa humanidad a antiguos integrantes del Secretariado.
Por eso, la afirmación de Timochenko sobre las supuestas reglas de buen trato no puede entenderse como una descripción definitiva de lo ocurrido con todos los secuestrados. Se trata de su versión entregada durante aquella audiencia.
La discusión política no termina con los audios
La divulgación de estos apartes ocurre en medio de una discusión mucho más amplia sobre el papel de la JEP, sus recursos y las condiciones de las sanciones impuestas a quienes participaron en el conflicto armado.
Mientras María Clara Posada utiliza la declaración para cuestionar nuevamente a la jurisdicción y reclamar cambios, la JEP mantiene su competencia dentro del sistema de justicia transicional y ha avanzado en procesos contra antiguos integrantes de las Farc por hechos relacionados con secuestro y otros crímenes.
Los audios corresponden a una audiencia realizada hace más de siete años, pero su contenido volvió al debate público en un momento en el que el futuro presupuestal y el funcionamiento de la JEP están nuevamente bajo discusión en el Congreso.
La controversia ahora se concentra en dos asuntos distintos: lo que realmente se discutió durante las negociaciones de paz y la manera como deben responder hoy los responsables de los crímenes cometidos durante el conflicto.
