El presidente Abelardo De La Espriella firmó este martes 8 de septiembre el Decreto 1368 de 2026, con el que se levanta la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego que estaba vigente en Colombia.
La decisión modifica la política que durante los últimos años había mantenido restringido el porte legal de armas en todo el territorio nacional. Sin embargo, el Gobierno aclaró que la medida no significa que cualquier persona pueda salir a portar un arma ni que se haya eliminado el sistema de permisos.
En la práctica, los ciudadanos que ya cuentan con un permiso individual de porte vigente podrán volver a ejercerlo sin tener que solicitar una autorización especial adicional, siempre que cumplan las condiciones establecidas por la ley.
Qué cambia con el nuevo decreto
El Decreto 1368 ordena a las autoridades militares adoptar las medidas necesarias para restablecer la eficacia de los permisos individuales que se encuentren vigentes.
Esto significa que desaparece la suspensión general que impedía ejercer esos permisos, pero siguen vigentes los controles establecidos para quienes quieran portar un arma legalmente.
La norma también mantiene el monopolio estatal sobre las armas establecido en el artículo 223 de la Constitución y no convierte el porte en un derecho automático para cualquier ciudadano.
No todos los permisos quedan habilitados
Uno de los puntos que el Gobierno quiso dejar claro es que la decisión tiene límites.
Los permisos vencidos, cancelados, revocados o suspendidos de manera individual no recuperan su validez. Tampoco podrán ejercerse aquellos casos en los que exista una prohibición judicial o administrativa que impida portar el arma.
Además, el arma debe estar específicamente amparada por el permiso correspondiente y su propietario debe cumplir con las condiciones establecidas por la legislación colombiana.
Se mantienen los requisitos para obtener un permiso
El decreto tampoco elimina las exigencias que deben cumplir quienes buscan acceder legalmente a un permiso de porte.
Entre las condiciones mencionadas por el Gobierno están contar con un permiso expedido por la autoridad militar competente, que el arma esté amparada por ese documento, cumplir con la edad mínima establecida, no tener antecedentes y acreditar las condiciones médicas y psicofísicas requeridas.
También se mantiene la exigencia de demostrar conocimiento sobre el manejo del arma.
De La Espriella justificó la decisión con cifras de incautaciones
Durante la presentación de la medida, el presidente Abelardo De La Espriella hizo referencia a las armas que han sido incautadas por la Fuerza Pública durante este año.
Según las cifras entregadas por el mandatario, entre el primero de enero y el 3 de septiembre fueron incautadas 15.700 armas de fuego. De ese total, 14.179 estarían relacionadas con la comisión de delitos.
El Gobierno también señaló que 980 de las armas incautadas estaban relacionadas con disidencias, 551 con el Clan del Golfo y 339 con el ELN.
Con estos datos, De La Espriella defendió la decisión argumentando que mientras los grupos criminales continúan utilizando armas ilegales, el Estado debe garantizar herramientas de defensa a los ciudadanos que cumplen con la ley.
Una medida que venía siendo prorrogada
La suspensión general del porte de armas llevaba varios años aplicándose en Colombia.
El Decreto 1482 de 2025 había extendido esa restricción hasta el 31 de diciembre de 2026. Con la nueva decisión del Gobierno, esa disposición queda derogada junto con el Decreto 2362 de 2018.
El Decreto 1368 comenzará a regir a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial.
Las autoridades podrán volver a suspender permisos
El levantamiento de la suspensión general tampoco significa que las autoridades pierdan la facultad de restringir el porte cuando existan razones de seguridad.
La nueva norma establece que podrán adoptarse nuevamente medidas generales o individuales de suspensión cuando las circunstancias relacionadas con la seguridad nacional, la seguridad pública o el orden público así lo requieran.
De esta manera, el Gobierno de Abelardo De La Espriella modifica la política nacional sobre el porte legal de armas, pero mantiene bajo control de las autoridades militares la expedición, vigilancia, suspensión y revocatoria de los permisos.
La principal novedad es que los permisos individuales que estén vigentes vuelven a tener eficacia, mientras que quienes no tengan autorización legal continúan sin poder portar armas de fuego.
