El Gobierno de Abelardo de la Espriella modificó el alcance territorial de la emergencia económica, social y ecológica que había sido decretada para atender las consecuencias del terremoto del pasado 10 de agosto.

La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 1348 del 31 de agosto de 2026, con el que el Ejecutivo ajustó las zonas incluidas inicialmente en el Decreto Legislativo 1261 del 19 de agosto, expedido para responder a la emergencia provocada por el fuerte sismo que afectó diferentes regiones del país.

Uno de los principales cambios es la incorporación del departamento de Caquetá dentro del ámbito territorial de la emergencia. También fue incluido Santander, mientras que Putumayo quedó excluido de la medida.

El Gobierno explicó que la modificación responde a la necesidad de ajustar la emergencia a las zonas en las que se mantienen condiciones relacionadas con la calamidad pública generada por el terremoto y sus efectos posteriores.

La decisión tiene importancia porque el estado de emergencia le permite al Ejecutivo adoptar medidas extraordinarias para atender las consecuencias de la tragedia, acelerar la respuesta institucional y disponer de herramientas para apoyar la recuperación de las comunidades afectadas.

El terremoto ocurrió el 10 de agosto de 2026 y tuvo su epicentro en el departamento del Chocó. El movimiento dejó una emergencia de grandes proporciones y generó daños en diferentes departamentos del país, situación que llevó al Gobierno a declarar el estado de emergencia económica, social y ecológica por un periodo inicial de 30 días.

Desde entonces, la administración de Abelardo de la Espriella ha anunciado diferentes medidas para atender a las familias damnificadas y avanzar en la recuperación de las zonas afectadas. Entre ellas se encuentran ayudas económicas, subsidios de arrendamiento, recursos para reparación y reconstrucción de viviendas y mecanismos para facilitar la atención de las personas que resultaron afectadas por el desastre.

El Gobierno también ha planteado un proceso de reconstrucción que busca establecer, mediante diagnósticos técnicos, cuáles viviendas pueden ser reparadas y cuáles requieren una intervención completa.

La modificación del decreto no significa que la emergencia haya terminado. Por el contrario, representa un ajuste sobre las regiones que continúan cobijadas por las medidas extraordinarias adoptadas por el Ejecutivo.

Con la inclusión de Caquetá y Santander y la salida de Putumayo, el Gobierno busca concentrar las herramientas de la emergencia en los territorios que, según la nueva evaluación oficial, requieren mantener este tratamiento excepcional.

La medida fue adoptada en momentos en que las autoridades continúan atendiendo las consecuencias del terremoto y avanzando en la identificación de daños. El reto para el Gobierno ahora será convertir las facultades extraordinarias en acciones concretas para las familias que todavía esperan soluciones frente a la pérdida de sus viviendas, sus bienes y sus fuentes de ingresos.

Para el presidente Abelardo de la Espriella, la emergencia sigue siendo uno de los principales desafíos de sus primeras semanas de gobierno. La modificación del Decreto 1261 busca reorganizar el alcance territorial de la respuesta estatal mientras continúan las labores de atención y reconstrucción en las zonas afectadas.