El presidente Abelardo de la Espriella anunció una nueva ofensiva de seguridad contra las organizaciones dedicadas a la extorsión y, al mismo tiempo, puso en marcha una estrategia para perseguir hechos de corrupción dentro del Estado.

Durante una alocución presidencial, el mandatario confirmó la creación de un Bloque Nacional de Búsqueda contra la Extorsión, una estructura que reunirá capacidades de la Fuerza Pública y organismos judiciales para localizar, capturar y llevar ante la justicia a quienes estén detrás de este delito.

La estrategia tendrá participación del Ejército, la Policía, la Armada y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, además de la Fiscalía y la Rama Judicial. El objetivo, según explicó el Gobierno, será golpear directamente a las estructuras que utilizan la extorsión como fuente de financiación y que afectan a comerciantes, empresarios, transportadores, campesinos y familias en diferentes regiones del país.

“Al extorsionista lo vamos a buscar donde esté”, afirmó De la Espriella al presentar la nueva estrategia.

El presidente también anunció la creación de un Bloque de Búsqueda Anticorrupción. Esta unidad estará integrada por organismos como la Policía Judicial, la Fiscalía, la Inteligencia del Ejército, la Contraloría, la Procuraduría, la Unidad de Información y Análisis Financiero, la Dian y entidades de cooperación internacional.

La instrucción presidencial es que estas instituciones trabajen de manera coordinada para identificar posibles redes de corrupción, seguir el movimiento de recursos y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables.

De la Espriella aseguró que la ofensiva no tendrá excepciones por nombres, cargos o posiciones dentro del Estado y lanzó una advertencia directa frente a quienes estén involucrados en hechos irregulares.

“Que caiga quien caiga”, sostuvo el mandatario al referirse a la lucha contra la corrupción.

El anuncio hace parte de un cambio de enfoque en la política de seguridad del nuevo Gobierno, que también decidió cerrar tres procesos de diálogo relacionados con estructuras armadas que venían de la denominada política de Paz Total.

De acuerdo con lo explicado por el presidente, las conversaciones con estructuras vinculadas al Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio, los Comandos de la Frontera y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada fueron terminadas porque, según el Gobierno, no existían condiciones suficientes para demostrar una voluntad real de abandonar las actividades criminales y avanzar hacia la paz o el sometimiento a la justicia.

La decisión marca una nueva etapa en la política de seguridad nacional. El Gobierno de De la Espriella plantea que quienes quieran abandonar las armas podrán acogerse a los mecanismos establecidos por la ley, pero quienes continúen vinculados a actividades criminales tendrán que enfrentar las operaciones de la Fuerza Pública.

El mandatario pidió además a la nueva cúpula militar y policial concentrar sus esfuerzos en recuperar el control territorial, proteger a la población y debilitar las estructuras criminales, especialmente sus fuentes de financiación.

Con estas medidas, el Gobierno busca trasladar la lucha contra la extorsión y la corrupción a una estrategia coordinada entre las autoridades militares, policiales, judiciales y de control, mientras endurece su posición frente a las organizaciones armadas que continúan operando en diferentes regiones de Colombia.