El debate sobre si los soldados y policías deben votar en Colombia ha resucitado con fuerza y, como era de esperarse, ha dividido las posturas en el escenario político. Esta vez, el senador Germán Rodríguez, del Movimiento de Salvación Nacional, ha puesto sobre la mesa un proyecto de acto legislativo que busca permitir que los integrantes activos de la Fuerza Pública vuelvan a las urnas, un derecho que está suspendido para ellos desde 1932. La tesis del senador es sencilla y directa: los uniformados no deberían ser tratados como ciudadanos de segunda categoría y, en su visión, permitirles votar es un acto de justicia que no tiene por qué traducirse en politización ni en una orden interna para sufragar por alguien en específico. Rodríguez asegura que en gran parte del mundo los militares votan sin que eso destruya la disciplina de los cuarteles.

Sin embargo, en la otra orilla, Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), no comparte ese optimismo y ha advertido que el terreno en Colombia no está listo para este experimento. Para Barrios, el contexto actual del país hace que esta propuesta sea riesgosa. Señala dos problemas de fondo que nos diferencian de otras naciones: la corrupción electoral, que podría intentar captar a estos votantes, y la realidad del conflicto armado que aún persiste en varios rincones del territorio. La directora de la MOE es enfática al señalar que las Fuerzas Militares funcionan bajo una cadena de mando vertical, lo que genera una preocupación real sobre si ese mando podría interferir en la decisión libre del uniformado.

El punto que genera más ruido es el tamaño del bloque: estamos hablando de cerca de 500.000 efectivos. Un grupo de votantes de ese volumen, bajo una estructura jerárquica, es un caramelo demasiado tentador para cualquier cálculo electoral en contiendas cerradas. Barrios insiste en que, antes de pensar en abrir las urnas a los uniformados, deberíamos estar priorizando la neutralidad institucional y asegurarnos de que la Fuerza Pública se mantenga alejada de cualquier incentivo político, sea por promesas de ascensos o beneficios institucionales. Mientras Rodríguez defiende el derecho ciudadano, la MOE pone el freno de mano pensando en la estabilidad democrática y los riesgos de convertir a la tropa en una ficha más del ajedrez electoral. Por ahora, el proyecto apenas comienza su camino en el Congreso y promete ser una de las discusiones más intensas de los próximos meses.