El concejal de Barranquilla Antonio Bohórquez lanzó una fuerte advertencia sobre el deterioro de la seguridad en la capital del Atlántico y aseguró que los recientes hechos de violencia demuestran que la ciudad atraviesa uno de los momentos más críticos de los últimos años. Durante una intervención pública, el cabildante afirmó que las estructuras criminales están poniendo a prueba la capacidad de respuesta de las instituciones y sostuvo que es necesario replantear las políticas sociales para enfrentar el problema desde su origen.

Bohórquez describió un panorama de incertidumbre y temor entre los ciudadanos luego de los hechos registrados el pasado sábado, señalando que recorrió distintos sectores de Barranquilla y encontró una población atemorizada por la situación de orden público. Según manifestó, muchos habitantes han dejado de realizar actividades cotidianas por miedo a convertirse en víctimas de la violencia.

El concejal afirmó que el ambiente que se vive actualmente en la ciudad evidencia un pulso entre las autoridades y las organizaciones criminales. En ese sentido, relacionó la reciente escalada de violencia con los pronunciamientos realizados por el presidente electo Abelardo De La Espriella, quien otorgó un plazo para que los grupos delincuenciales se sometan a la justicia. Para Bohórquez, la reacción de estas estructuras habría sido generar miedo entre la población mediante acciones que afectan la tranquilidad de Barranquilla.

Durante su intervención, el dirigente político manifestó que la respuesta institucional debe ser inmediata y contundente. Aunque expresó su respaldo a la labor que vienen realizando la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Base Naval, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, sostuvo que las estrategias implementadas hasta ahora no han logrado contener el crecimiento de la criminalidad.

Antonio Bohórquez aseguró que el modelo de seguridad y desarrollo aplicado durante los últimos años muestra señales de agotamiento y consideró que la ciudad necesita una estrategia integral que no se limite al fortalecimiento de la fuerza pública. En su concepto, el incremento de la violencia está estrechamente relacionado con problemas estructurales como la pobreza, la falta de oportunidades para los jóvenes, la deserción escolar, el embarazo adolescente, la informalidad laboral, la ausencia de ingresos dignos y el acceso limitado a programas sociales en los sectores más vulnerables.

El cabildante recordó que desde 2012 advirtió sobre el crecimiento de las pandillas juveniles en Barranquilla y aseguró que muchas de esas estructuras evolucionaron con el tiempo hasta convertirse en organizaciones criminales dedicadas al sicariato, la extorsión y otras actividades ilegales. Asimismo, señaló que la ciudad ya había enfrentado episodios de violencia antes de la implementación de la política de Paz Total, citando hechos como asesinatos de conductores de transporte público, ataques con granadas, atentados contra estaciones de Policía y casos de desmembramientos.

Bohórquez también cuestionó que algunos sectores políticos atribuyan exclusivamente la crisis de seguridad a las políticas recientes del Gobierno Nacional. A su juicio, la problemática tiene raíces mucho más antiguas y responde a la ausencia de inversiones sostenidas en programas sociales orientados a prevenir la violencia en los barrios donde históricamente se han concentrado los mayores índices de criminalidad.

El concejal insistió en que la inversión pública debe priorizar el desarrollo humano y la reducción de las brechas sociales. En ese sentido, planteó que fortalecer la educación, ampliar las oportunidades laborales para la juventud y mejorar el acceso a servicios sociales podría convertirse en una herramienta efectiva para disminuir el reclutamiento de jóvenes por parte de organizaciones delincuenciales.

Finalmente, Antonio Bohórquez defendió el trabajo realizado por el Concejo Distrital de Barranquilla, señalando que la corporación ha participado activamente en la discusión del Plan de Desarrollo, la aprobación de presupuestos y los debates de control político relacionados con la seguridad. No obstante, reiteró que los recientes hechos violentos constituyen una señal de alerta que obliga a revisar las estrategias actuales y a construir un modelo que combine el fortalecimiento institucional con una mayor inversión social para recuperar la tranquilidad de la ciudad.