La investigación por el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay continúa avanzando en Colombia, luego de que la Fiscalía General de la Nación programara para el próximo 30 de abril el interrogatorio del director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, en el marco del proceso que busca esclarecer posibles fallas en su esquema de seguridad.

La diligencia judicial, fijada para las 10 de la mañana, tiene como objetivo determinar si existieron omisiones por parte de la UNP en la protección del dirigente político, asesinado en 2025 en medio de un hecho que sacudió el panorama político nacional.

Según fuentes del proceso, la Fiscalía se encuentra en etapa de recolección de pruebas, análisis de documentos y verificación de testimonios para establecer responsabilidades penales relacionadas con la planeación y ejecución del atentado, así como el funcionamiento del esquema de seguridad asignado a Uribe Turbay.

El director de la UNP, Augusto Rodríguez, será escuchado en calidad de indiciado, lo que implica que las autoridades buscan esclarecer si su actuación o la de la entidad pudo incidir en los hechos. La diligencia hace parte de una serie de actuaciones que incluyen también la citación de escoltas y otros funcionarios vinculados al esquema de protección del senador.

Desde la defensa de Rodríguez, encabezada por el abogado Alejandro Carranza, se ha sostenido que no existen elementos que permitan atribuir responsabilidad al funcionario, argumentando que no hay registros de solicitudes formales para reforzar el esquema de seguridad del dirigente político antes del atentado.

El caso ha estado rodeado de múltiples interrogantes, entre ellos las condiciones operativas del esquema de seguridad el día del crimen, la coordinación de los dispositivos de protección y las decisiones tomadas por los responsables de la vigilancia del dirigente.

El asesinato de Miguel Uribe Turbay, ocurrido en 2025, generó un fuerte impacto en la opinión pública y reavivó el debate sobre la seguridad de líderes políticos en el país, así como la eficacia de los mecanismos de protección del Estado frente a amenazas de alto riesgo.

La Fiscalía ha reiterado que continuará con la práctica de pruebas y la recolección de información para esclarecer completamente los hechos, mientras el país permanece atento a los resultados de una investigación que podría tener implicaciones tanto judiciales como políticas.

Con esta nueva diligencia, el proceso entra en una etapa clave que busca determinar si existieron fallas institucionales en uno de los casos más sensibles de violencia política reciente en Colombia, en un contexto donde la seguridad de los actores políticos se ha convertido en una prioridad nacional.