En medio del avance del proceso electoral en Colombia, el Ministerio del Interior anunció la implementación de un plan integral de protección dirigido a los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia, con el objetivo de garantizar condiciones seguras durante la contienda política.

La decisión fue adoptada tras una sesión del Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral, instancia encargada de evaluar los niveles de riesgo de los aspirantes. Como resultado del análisis, se determinó brindar esquemas de seguridad a un total de 28 personas, correspondientes a 14 fórmulas presidenciales inscritas en el país.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, explicó que este mecanismo se enfoca exclusivamente en quienes participan como candidatos a la Presidencia, por lo que otros actores políticos no son incluidos dentro de este proceso de evaluación. Según indicó, las medidas adoptadas responden a la necesidad de proteger a quienes se encuentran en niveles de riesgo considerados extremos o extraordinarios durante el desarrollo de la campaña electoral .

Dentro de las acciones definidas se contemplan esquemas que incluyen vehículos blindados, personal especializado de la Unidad Nacional de Protección, acompañamiento de la Policía Nacional, así como la entrega de chalecos antibalas, armamento y otros recursos necesarios para garantizar la integridad de los aspirantes.

El análisis realizado por el comité permitió revisar de manera detallada las condiciones de seguridad en las que se desarrollan las campañas, teniendo en cuenta factores como amenazas, antecedentes de violencia política y contextos territoriales que podrían poner en riesgo a los candidatos.

Desde el Gobierno se reiteró que estas medidas buscan fortalecer la transparencia del proceso democrático y asegurar que los aspirantes puedan ejercer sus actividades políticas sin intimidaciones ni riesgos que afecten su participación.

Este despliegue de protección se convierte en una de las principales apuestas institucionales para blindar el proceso electoral en el país, en un contexto donde la seguridad de los actores políticos es considerada fundamental para la estabilidad democrática y la confianza ciudadana.