La Corte Constitucional suspendió de forma provisional el decreto mediante el cual el Gobierno Nacional declaró el estado de emergencia económica y social en todo el país, una decisión que deja sin efectos inmediatos las medidas extraordinarias anunciadas por el Ejecutivo mientras se adelanta el análisis de fondo.

La determinación fue adoptada con seis votos a favor y dos en contra, respaldando la ponencia presentada por el magistrado Carlos Camargo. Con esta suspensión, el Gobierno queda impedido, por ahora, para aplicar los decretos derivados de la emergencia, incluidos los mecanismos especiales de recaudo que buscaban enfrentar la situación económica.

Según lo planteado por el Ejecutivo, la declaratoria de emergencia tenía como objetivo recaudar cerca de 11 billones de pesos, principalmente a través de tributos temporales, nuevos impuestos y contribuciones especiales que implicaban cargas adicionales para algunos sectores económicos, así como ajustes a gravámenes ya existentes.

La Corte explicó que la suspensión provisional busca evitar impactos inmediatos en la economía y en los ciudadanos, mientras se determina si la declaratoria cumple con los requisitos establecidos por la Constitución. La decisión no implica aún un fallo definitivo, pero sí congela los efectos jurídicos del decreto.

Durante la votación, los magistrados Héctor Alfonso Carvajal Londoño y Vladímir Fernández Andrade salvaron su voto, al expresar desacuerdo con la decisión mayoritaria. Por su parte, los magistrados Juan Carlos Cortés González y Natalia Ángel Cabo presentaron aclaraciones de voto.

El país queda ahora a la expectativa del pronunciamiento final del alto tribunal, que definirá si el Gobierno actuó dentro del marco constitucional al declarar la emergencia económica y social.