La capital del país se encuentra en medio de una nueva controversia tras la confesión del presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, quien admitió públicamente que los bloqueos al sistema TransMilenio fueron parte de una estrategia implementada por los organizadores del Paro Nacional.

La revelación generó una reacción inmediata del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien expresó su rechazo tajante a este tipo de acciones que, según dijo, “atentan contra el derecho de millones de ciudadanos a movilizarse libremente y en condiciones seguras”.

“Es inaceptable que se utilicen mecanismos que afectan a los más vulnerables. TransMilenio no solo es el medio de transporte de más de dos millones de personas cada día, sino también una red vital para el funcionamiento de la ciudad. Jugar con su operación es poner en riesgo la vida y el bienestar de los bogotanos”, afirmó Galán en declaraciones ofrecidas desde el Palacio Liévano.

El mandatario distrital añadió que respalda plenamente las acciones legales que se han anunciado en contra del presidente de la CUT. “Aquí no puede haber impunidad. Si alguien confiesa que participó en una estrategia para bloquear el sistema de transporte público, la justicia debe actuar con celeridad”, dijo.

El señor Fabio Arias, presidente de la CUT, confesó hoy que los bloqueos a Transmilenio son una estrategia de quienes organizaron el Paro Nacional. Es inaceptable que unos pocos decidan afectar a millones de ciudadanos, poniendo incluso en riesgo su vida.

Con base en esta… pic.twitter.com/HUkU0W6N9L

— Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) May 30, 2025

Voceros de distintos sectores confirmaron que este jueves 30 de mayo se interpondrá una denuncia penal contra Fabio Arias, argumentando que sus declaraciones podrían constituir una admisión de responsabilidad en hechos que afectaron la movilidad, el orden público y la seguridad de los ciudadanos durante las jornadas del Paro Nacional.

Desde la Alcaldía también se reiteró el llamado al respeto por el derecho a la protesta, pero se enfatizó que ninguna manifestación puede justificar la obstrucción de servicios esenciales ni la afectación de los derechos de millones de personas.

El tema ha reabierto el debate sobre los límites de la movilización social, la responsabilidad de sus líderes y la necesidad de garantizar que la protesta pacífica no derive en acciones que comprometan el bienestar colectivo. La denuncia anunciada será clave para esclarecer responsabilidades y sentar precedentes frente a este tipo de hechos.