Una nueva controversia sacude el panorama político nacional luego de que la senadora María Fernanda Cabal interpusiera una denuncia formal contra el presidente Gustavo Petro ante la Comisión Legal de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. La congresista del partido Centro Democrático exige la apertura de un juicio por indignidad presidencial, con base en presuntas omisiones graves durante la crisis humanitaria y de seguridad registrada en el Catatumbo, norte del país.

Según lo expuesto por Cabal, la denuncia se fundamenta en aparentes violaciones a los artículos 2 y 189 numeral 6 de la Constitución Política de Colombia, los cuales establecen el deber del jefe de Estado de garantizar la protección de la población y preservar el orden público. La senadora acusa al mandatario de desatender este deber constitucional, al no actuar frente a las múltiples alertas tempranas emitidas desde noviembre de 2024 por la Defensoría del Pueblo y otros organismos sobre la intensificación del conflicto armado en la región.

Durante este periodo, señala la denuncia, más de 53.000 personas fueron desplazadas forzosamente, se registraron más de 100 homicidios —entre ellos líderes sociales y firmantes del acuerdo de paz— y alrededor de 25.000 personas permanecieron confinadas. La situación, calificada como crítica, coincidió con una visita oficial del presidente Petro y su ministro de Defensa a Haití, hecho que Cabal califica como un “abandono del territorio en medio de una emergencia nacional”.

A esto se suma una acusación adicional por la presunta publicación irresponsable de información clasificada a través de redes sociales oficiales, lo cual —según la senadora— podría configurar el delito de espionaje, conforme al artículo 463 del Código Penal colombiano.

María Fernanda Cabal sostiene que los actos y omisiones señalados no solo constituyen una falta en el cumplimiento del deber presidencial, sino que podrían encuadrarse en delitos graves como traición a la patria, prevaricato por omisión y espionaje. Por tanto, la senadora solicitó que se abra una investigación penal y disciplinaria contra el jefe de Estado, y se evalúe la procedencia de un juicio de responsabilidad política por indignidad, conforme a la normativa constitucional.

Hasta el momento, no se ha producido una respuesta oficial por parte de la Presidencia frente a esta denuncia. Sin embargo, el caso promete agitar el debate político y jurídico en el Congreso de la República, en un contexto marcado por profundas divisiones entre el gobierno y sectores de oposición. En los próximos días se espera que la Comisión de Acusaciones estudie la admisibilidad del proceso.