El programa Jóvenes en Paz, diseñado para ofrecer un millón de pesos mensuales a jóvenes entre 14 y 28 años en riesgo de ingresar a actividades criminales, no ha cumplido con su meta de cobertura para 2024. Hasta la fecha, solo 19.351 beneficiarios han sido vinculados en 50 municipios de siete departamentos: Valle del Cauca, Cesar, Chocó, Cauca, Nariño, Cundinamarca y Antioquia.
El objetivo inicial del programa, según el Ministerio de Igualdad, era llegar a 49.920 jóvenes en todo el país para el 2024. Sin embargo, con apenas un 38,7 % de cumplimiento, la iniciativa aún está lejos de sus expectativas.
Una cobertura menor a la prometida
Además de no alcanzar la cantidad de beneficiarios prevista, el programa también ha quedado corto en términos de cobertura territorial. Inicialmente, el plan del Gobierno era llegar a 100 municipios de 17 departamentos, priorizando aquellas regiones más afectadas por la violencia y el conflicto armado.
A pesar de esto, en un comunicado reciente, el Gobierno redujo su proyección, indicando que la meta final será llegar a 99 municipios con 49.920 beneficiarios. Esto representa la mitad del compromiso inicial, pues en un principio se habló de llegar hasta 100.000 jóvenes en todo el país.
Inicio tardío y duración incierta
El programa, que comenzó su operación en enero de 2024, fue planteado con un esquema en el que los beneficiarios recibirían el apoyo económico durante seis meses, con la posibilidad de extenderlo hasta 18 meses, dependiendo del cumplimiento de condiciones establecidas por el Gobierno.
Jóvenes en Paz es una iniciativa interinstitucional en la que participan los ministerios de Igualdad, Salud, Educación, Interior y Comercio, junto con la Unidad Solidaria y el Servicio Público de Empleo.
El balance más reciente del programa fue presentado en la Casa de Nariño, en un evento que contó con la presencia del presidente Gustavo Petro, quien reafirmó el compromiso del Gobierno con la juventud en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, el incumplimiento de las metas iniciales ha generado interrogantes sobre la viabilidad del proyecto y su impacto real en la prevención del delito.
