La ministra de Justicia, Angela María Buitrago, indicó que aún no han recibido formalmente el “ultimátum” de seis meses dado por la Corte Constitucional al Gobierno para abordar los problemas de hacinamiento en Unidades de Reacción Inmediata y Estaciones de Policía.

La ministra afirmó que la solución al hacinamiento no se reduce a construir más cárceles, sino que debe considerar las necesidades y derechos humanos de los reclusos y los impactos fiscales. “Deshacinar no solo es crear más cárceles, es pensar en las necesidades y derechos humanos de la población y trabajar con el impacto fiscal. El sistema carcelario requiere mucho dinero”, señaló.

Aunque Buitrago espera conocer la sentencia completa del alto Tribunal, destacó que la orden de la Corte implica trasladar a los condenados, pero esto presenta un desafío debido a la falta de espacio. “La orden que impartió la Corte dice que hay que trasladar a los condenados, pero realmente no hay espacio. Tenemos un hacinamiento real de más del 31% en los sistemas carcelarios formales. El hacinamiento transitorio es el más grave, con un 525%. No podemos desconocer esto, aunque se nos dé la orden”, explicó. La ministra también mencionó que ya se está implementando una política criminal a largo plazo para abordar este problema.

Buitrago destacó otra preocupación: “El sistema penal colombiano es punitivista, lo que lleva a que cada vez haya más leyes que resultan en encarcelamiento, creando un barril sin fondo. Si todo lo que se pide es cárcel, el sistema llegará a un punto, como ahora, en el que no dará abasto. Desde ese punto de vista, hay que replantear la política pública y penal. No todo debe tener cárcel, pero tampoco todo debe estar en la calle”.

La Corte Constitucional considera que los Centros de Detención Transitoria son una “tragedia humanitaria” y han ordenado el traslado inmediato de personas condenadas que se encuentran en estos centros, priorizando a mujeres embarazadas y personas mayores. Además, han establecido un plazo de seis meses para crear un plan de deshacinamiento que garantice el acceso adecuado a la salud, alimentación y la higiene.