La Unidad Nacional de Protección (UNP) incrementó las medidas de seguridad para la juez penal Sandra Liliana Heredia, luego de que esta recibiera amenazas a través de redes sociales tras emitir el fallo que declaró culpable al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

El anuncio fue hecho por el presidente Gustavo Petro, quien expresó públicamente su respaldo a la funcionaria judicial y aseguró que su gobierno garantizará la integridad de ella y su familia. Petro también solicitó a la UNP evaluar el nivel de riesgo para determinar si era necesario reforzar su esquema de seguridad.

Tras realizar el análisis, la UNP concluyó que la situación ameritaba un incremento de las medidas de protección debido al ambiente de alta tensión y polarización que se generó en el país tras la histórica decisión judicial.

“Ella está protegida en virtud del riesgo. Ha manifestado que hay situaciones tensionantes que le hacen pensar que puede ser agredida, ya que hay mucha radicalidad. Además, el Consejo Superior de la Judicatura también lo ha solicitado”, afirmó Augusto Rodríguez, director de la UNP, en diálogo con La FM.

El funcionario detalló que, aunque no se han identificado amenazas directas, sí hay un entorno hostil que pone en alerta a las autoridades. “Ese entorno tan cargado alrededor de ella hace pensar a la entidad que podría haber una situación de inminencia”, añadió.

La juez Heredia ya contaba con medidas de seguridad desde febrero de 2025, tras haber solicitado protección ante la complejidad del caso que tenía en sus manos. Sin embargo, con el aumento del riesgo, tanto la Policía Nacional como la UNP decidieron reforzar el acompañamiento.

El caso Uribe ha sido uno de los procesos judiciales más mediáticos y polarizantes en la historia reciente del país, y la seguridad de los actores clave del proceso se ha convertido en una prioridad institucional.

La protección de la juez Sandra Heredia busca no solo salvaguardar su integridad física, sino también preservar la independencia judicial en un momento crítico para la democracia colombiana.