La empresa Triple A encendió las alarmas en el Atlántico tras revelar cifras preocupantes sobre el delito de defraudación de fluidos, una práctica que continúa afectando el suministro de agua potable y generando millonarias pérdidas económicas en la región. De acuerdo con el balance entregado por la compañía, entre enero de 2024 y diciembre de 2025 se detectaron más de 32.000 irregularidades, mientras que en lo corrido de 2026 ya se han identificado más de 2.100 casos adicionales.

El gerente general de Triple A, Ramón Hemer Redondo, explicó que estas conexiones ilegales han significado la pérdida de cerca de 4 millones de metros cúbicos de agua en los últimos dos años, lo que equivale a más de 21 mil millones de pesos. Solo en los primeros meses de 2026, el volumen defraudado supera los 446 mil metros cúbicos, con un impacto económico cercano a los 2 mil millones de pesos.

Según el directivo, este fenómeno no solo afecta a la empresa, sino que tiene consecuencias directas sobre los usuarios que sí cumplen con sus pagos, ya que el agua desviada de manera ilegal reduce la presión, la calidad y la continuidad del servicio en distintas comunidades.

Los operativos realizados por la compañía han permitido identificar casos de alto impacto en municipios como Soledad, Barranquilla y Ponedera, donde establecimientos comerciales, predios industriales e incluso centros de salud han sido sorprendidos con conexiones irregulares.

Uno de los hallazgos más relevantes se registró en Soledad, en el establecimiento Multicomercio Lavadero Mundo Lavado, donde se detectó un medidor manipulado que abastecía ilegalmente un complejo de tres plantas con diferentes negocios. La pérdida estimada en este caso supera los 4.000 metros cúbicos de agua, con un valor cercano a los 32 millones de pesos.

En el mismo municipio, otro operativo permitió descubrir una acometida clandestina que suministraba agua a varios negocios simultáneamente, incluyendo un lavadero de vehículos, un restaurante, un establecimiento de billares y una estación de servicio. Este caso dejó pérdidas superiores a los 36 millones de pesos, convirtiéndose en uno de los más significativos en zona urbana.

En Barranquilla, las intervenciones también dejaron resultados preocupantes. En el barrio La Sierra fue intervenido el expendio de cárnicos Carne Full, donde se encontró una derivación ilegal que abastecía todo el establecimiento. Asimismo, en el barrio San Felipe, un predio registrado como residencial operaba en realidad como parqueadero de buses y lavadero, con consumos que superaban ampliamente lo facturado.

Otro caso que generó especial atención fue el de la Clínica San Martín, en el barrio Colombia, donde se halló una conexión subterránea no autorizada que permitió el uso irregular del recurso hídrico, generando pérdidas cercanas a los 20 millones de pesos.

En zonas rurales como Ponedera, la situación también es crítica. En la Finca Asturias se detectó una acometida ilegal que generó pérdidas por más de 52 millones de pesos, mientras que en una granja piscícola cercana se identificó reincidencia en este delito, acumulando varios procesos por defraudación de agua.

Triple A indicó que todos estos casos han sido puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, en cumplimiento de lo establecido por la Ley 142 de 1994 y el Código Penal colombiano, que contempla penas de prisión entre 16 y 72 meses para quienes incurran en este delito.

La empresa también destacó que cuenta con tecnología avanzada para detectar conexiones ilegales sin afectar el servicio, lo que ha permitido fortalecer los controles y actuar de manera oportuna en diferentes sectores del departamento.

Finalmente, la compañía hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier irregularidad en el uso del agua, reiterando que se trata de un recurso esencial cuya protección es responsabilidad de todos. El mensaje es claro: el uso ilegal del agua no solo es un delito, sino una amenaza directa para el bienestar colectivo y la sostenibilidad del servicio en el Atlántico.