Una tormenta política y jurídica se ha desatado al interior del Consejo Nacional Electoral (CNE) tras conocerse la petición del magistrado Vladimir Fernández, actual integrante de la Corte Constitucional, para que se suspenda la investigación que se adelanta contra el presidente Gustavo Petro por supuestas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial y posibles violaciones a los topes de gasto electoral.

Según fuentes internas consultadas por lavibrante.com, la solicitud de Fernández ha generado malestar y preocupación dentro del tribunal electoral, pues consideran que podría poner en riesgo no solo el avance de este proceso específico, sino también la autonomía y competencias constitucionales del CNE, al sentar un precedente delicado frente a futuras investigaciones sobre campañas presidenciales.

¿Interferencia o tutela legítima?

El magistrado Fernández presentó una solicitud a sus colegas en la Corte Constitucional con el objetivo de frenar temporalmente la actuación del CNE mientras se estudia una acción de tutela interpuesta por la defensa de Petro, que alega una supuesta violación al debido proceso y falta de competencia del Consejo para juzgar al presidente por hechos de campaña.

Sin embargo, la movida ha levantado varias alertas, dado que Fernández fue exsecretario jurídico de la Presidencia y llegó a la Corte por nominación directa del presidente Petro. Por ello, dentro del CNE y otros sectores jurídicos se debate si el magistrado debería declararse impedido por un posible conflicto de interés.

“Aceptar esa solicitud sería desconocer fallos del Consejo de Estado, advertencias de la Procuraduría y lineamientos de organismos internacionales como la CIDH, que han respaldado las funciones del CNE en el control electoral”, explicó a lavibrante.com un magistrado del alto tribunal que pidió mantener su identidad en reserva.

Temor a que la Corte “engavete” la tutela

Uno de los principales temores es que, si la Corte acoge la petición y ordena una medida cautelar de suspensión, el proceso pueda entrar en un limbo jurídico que impida tomar decisiones antes del vencimiento de términos legales en junio de 2025, lo que jurídicamente haría inviable cualquier sanción.

“El riesgo es que se aplique un ‘plan tortuga’ institucional. Se congela el proceso y nunca se resuelve el fondo del asunto, permitiendo que prescriba por tiempos”, alertó otra fuente cercana al proceso.

El CNE sigue adelante

Mientras tanto, y pese a la controversia, el Consejo Nacional Electoral continúa con el curso de la investigación. Según se conoció, los magistrados del caso decidieron ampliar el plazo para recibir testimonios hasta el 24 de abril, luego de que varias citaciones previas no fueran atendidas, incluyendo la del actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien no compareció a la diligencia.

Esta extensión busca garantizar todas las garantías procesales a las partes, aunque desde algunos sectores ya se señala que la falta de cooperación de testigos clave entorpece el avance del caso.