Una nueva alerta fue emitida por la Contraloría General de la República frente al creciente déficit en el pago de subsidios para los servicios públicos de energía eléctrica y gas. De acuerdo con cálculos del Comité Intergremial de Energía y Gas, al mes de enero de 2025 la deuda acumulada por parte del Gobierno Nacional y otras entidades oficiales asciende a los 7,6 billones de pesos, lo que podría poner en riesgo la continuidad del servicio en distintas regiones del país.

El informe detalla que del total de la deuda, 2,7 billones corresponden a subsidios de energía eléctrica, 3,3 billones a la denominada opción tarifaria, 1 billón a pagos pendientes de usuarios oficiales y 628 mil millones a subsidios del servicio de gas combustible.

Frente a este panorama, el contralor general Carlos Hernán Rodríguez hizo un llamado urgente al Ministerio de Minas y Energía para que acelere la ejecución de acciones correctivas, con el fin de mejorar la gestión y garantizar el flujo de recursos que permitan cubrir los compromisos adquiridos con las empresas prestadoras del servicio.

“Es fundamental que se implementen soluciones integrales a esta problemática financiera, pues el riesgo no solo afecta la prestación efectiva del servicio, sino también las finanzas públicas, la calidad de vida de los colombianos y el desarrollo económico del país”, advirtió el jefe del ente de control.

La Contraloría también alertó sobre el impacto que esta situación tendría especialmente en los hogares de bajos ingresos, que dependen en gran medida de los subsidios para mantener el acceso a servicios esenciales como la energía y el gas. La falta de recursos podría derivar en interrupciones del suministro, afectando actividades productivas, comerciales e incluso vulnerando derechos fundamentales.

Además, en medio de esta advertencia, la Contraloría solicitó a la Superintendencia de Servicios Públicos entregar un informe detallado sobre la situación económica de la empresa Air-e y el estado actual de la intervención que se adelanta sobre esta compañía en la región Caribe, donde la crisis energética continúa siendo una preocupación latente.

El llamado de atención se suma a una serie de reclamos por parte de sectores gremiales, empresariales y comunitarios que exigen mayor responsabilidad fiscal y celeridad en la gestión de los subsidios, para evitar un colapso del sistema eléctrico que afecte a millones de colombianos.