Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, enfrenta un panorama judicial complejo, ya que su única opción para lograr una negociación con la Fiscalía sería un preacuerdo, debido a que el tiempo para acogerse a un principio de oportunidad ya expiró.
Según fuentes del caso, la Fiscalía cuenta con pruebas contundentes en su contra, lo que hace inviable la posibilidad de concederle la exoneración de responsabilidad penal, como ocurrió con otros involucrados en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Otros implicados ya han negociado con la justicia
Varias de las personas investigadas por este caso, como Olmedo López, Sneyder Pinilla, el contratista Luis Eduardo López (alias el Pastuso), Pedro Rodríguez Melo y Luis Carlos Barreto, lograron firmar preacuerdos con penas de entre tres y siete años de prisión, además del compromiso de devolver montos que oscilan entre 150 millones y 7.000 millones de pesos.
No obstante, Sandra Ortiz aún busca alternativas con la Fiscalía y, según fuentes cercanas al proceso, ha manifestado su disposición a colaborar con la justicia. Se especula que estaría dispuesta a delatar a otros implicados, incluyendo al exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González, con el fin de obtener beneficios judiciales.
Las pruebas en su contra
Ortiz es investigada por los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos, tras ser señalada de haber transportado una maleta con 3.000 millones de pesos que presuntamente fueron entregados al expresidente del Senado, Iván Name, utilizando una camioneta asignada por la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Entre las evidencias que la incriminan se encuentran registros de su teléfono celular y un cruce de celdas realizado por los peritos, el cual confirmaría los desplazamientos que coinciden con la versión de Sneyder Pinilla, uno de los testigos clave del caso.
De acuerdo con la investigación, la entrega del dinero se habría realizado en el hotel Tequendama Suites, en Bogotá, donde Ortiz estuvo hospedada en las habitaciones 2312 y 2304. En septiembre de 2023, habría recibido los 3.000 millones de pesos de manos del entonces subdirector de la UNGRD, con el propósito de influir en el respaldo de Iván Name a la agenda legislativa del Gobierno.
Situación actual de Sandra Ortiz
En la actualidad, Sandra Ortiz permanece privada de la libertad en una guarnición militar, mientras avanza el proceso en su contra. La Fiscalía continúa con la recolección de pruebas y evaluará si acepta un preacuerdo, en caso de que la exconsejera decida colaborar con la justicia y aportar información relevante sobre la red de corrupción en la UNGRD.
