La Registraduría Nacional del Estado Civil anunció este martes la suspensión temporal del trámite para la convocatoria a una consulta popular mediante decreto presidencial, dejando en manos de las altas cortes la definición sobre la legalidad del mecanismo. La decisión fue confirmada por el registrador nacional, Hernán Penagos, quien aseguró que la entidad actuará con total independencia y solicitará un pronunciamiento formal por parte de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, entre otras instancias judiciales.

“Hay un problema jurídico de talla mayor”, expresó Penagos al referirse a la complejidad legal que ha generado la intención del Gobierno Nacional de avanzar en una consulta popular pese a que el Senado de la República ya se había pronunciado en contra de la propuesta. La medida adoptada por la Registraduría responde a la necesidad de aclarar el alcance y validez del decreto firmado por el presidente Gustavo Petro, con el cual se pretendía convocar directamente a las urnas sin la aprobación del Congreso.

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— Lavibrante.com (@lavibrante) June 17, 2025

Penagos insistió en que la Registraduría no actuará al margen de la ley y que cualquier decisión definitiva sobre la convocatoria deberá estar respaldada por el concepto de las altas cortes. “Hemos decidido acudir a las autoridades judiciales competentes para que, de manera ágil y oportuna, determinen la viabilidad del decreto presidencial. Hasta entonces, el proceso queda congelado”, indicó.

El anuncio se da en medio de una creciente controversia jurídica y política que ha dividido opiniones en el país, y que pone a prueba la solidez institucional del sistema democrático colombiano. Por el momento, la convocatoria a la consulta popular queda suspendida a la espera de que se resuelva el debate constitucional en los estrados judiciales.