La idea fue planteada por el funcionario en medio de la situación que atraviesan los productores, especialmente en regiones donde la falta de agua y los efectos del fenómeno de El Niño han golpeado la actividad agrícola. Dangond ha advertido que el arroz requiere un alto consumo de agua, enfrenta precios variables y en algunas zonas dejó de ser rentable.

Sin embargo, la propuesta generó rechazo entre congresistas y productores, quienes consideran que una reconversión de esta magnitud no puede plantearse simplemente como un cambio de cultivo.

El debate llegó al Congreso

Julio Roberto Salazar, presidente de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, cuestionó la posibilidad de pedirles a los agricultores que abandonen el arroz sin ofrecerles soluciones concretas para enfrentar la crisis.

El congresista señaló que el arroz sigue siendo un producto estratégico para la alimentación de los colombianos y sostuvo que el Gobierno debería concentrarse en reducir los costos de producción, mejorar el acceso al crédito, fortalecer la tecnificación y avanzar en la infraestructura vial y agrícola.

Una posición similar expresó Alejandro Ocampo, vicepresidente del Senado, quien advirtió que el marañón no representa una solución inmediata para los agricultores que actualmente viven del arroz.

Ocampo recordó que un cultivo de marañón puede tardar entre cinco y siete años en alcanzar su etapa de producción, por lo que consideró que no tendría sentido reemplazar de manera generalizada una actividad que actualmente sostiene a miles de familias.

El senador planteó que el marañón podría desarrollarse en otras zonas del país donde existan tierras disponibles y condiciones adecuadas, en lugar de utilizarlo como sustituto directo de las áreas tradicionalmente dedicadas al arroz.

Gustavo Petro también cuestionó la propuesta

El expresidente Gustavo Petro se sumó a la discusión y defendió la producción nacional de cereales.

Petro sostuvo que Colombia debe aumentar su capacidad de producir alimentos y consideró que el marañón puede ser una alternativa productiva, pero no a costa de reducir las zonas destinadas al arroz.

Su propuesta es buscar nuevas áreas para desarrollar el cultivo de marañón, entre ellas terrenos de baja productividad ganadera, zonas de la altillanura y espacios que puedan incorporarse a procesos voluntarios de sustitución de cultivos de coca.

Los productores piden que se escuche al campo

La reacción también llegó desde las regiones productoras. En el Huila, los arroceros rechazaron la posibilidad de modificar de manera abrupta la vocación agrícola del departamento.

Martín Vargas, productor de arroz del Huila, explicó que alrededor de la actividad existe una infraestructura construida durante años y una cadena productiva de la que dependen miles de personas.

Según datos citados por los productores, en el Huila existen cerca de 2.500 productores de arroz, entre propietarios y arrendatarios, y se destinan unas 47.000 hectáreas por semestre a este cultivo.

El sector sostiene que antes de hablar de sustituir el arroz se deben revisar problemas como los costos de producción, los precios pagados al agricultor, las importaciones, el contrabando y las condiciones de comercialización.

En el Tolima la situación tampoco es sencilla. El empresario arrocero Juan Pablo Rodríguez aseguró que muchos productores están trabajando a pérdida y advirtió que el cambio climático y las condiciones comerciales que tendrá el país en los próximos años pueden aumentar la presión sobre el sector.

En ese departamento hay cerca de 4.870 productores de arroz ubicados en 11 municipios, de acuerdo con cifras de la Gobernación citadas en la discusión.

El Gobierno también habla de transformar el sector

La propuesta del ministro se conoce en medio de una revisión más amplia de la política arrocera. El Ministerio de Agricultura anunció una revisión de los recursos parafiscales relacionados con el sector y señaló que durante los últimos 15 años las subastas de importación de arroz procedente de Estados Unidos habrían generado cerca de 292.867 millones de pesos, mientras que el recaudo de la Cuota de Fomento Arrocero habría superado los 259.000 millones de pesos.

El Gobierno sostiene que los productores necesitan soluciones de fondo frente a los costos, la productividad, la infraestructura, el clima y la volatilidad de los precios.

De hecho, el Ministerio ya ha anunciado medidas de alivio para productores afectados por las condiciones climáticas. En Casanare, por ejemplo, reportó una caída de la productividad de 5,5 a 4,2 toneladas por hectárea y una cartera de los arroceros cercana a los 471.000 millones de pesos, sumando obligaciones con bancos, molinos y proveedores de agroinsumos.

Una discusión que apenas comienza

El debate no está solamente en decidir si se siembra arroz o marañón. Detrás de la discusión está la situación económica de miles de familias, la disponibilidad de agua, el cambio climático y la necesidad de garantizar la producción de alimentos en Colombia.

El propio Ministerio de Agricultura ha planteado que la producción debe organizarse de acuerdo con la disponibilidad de agua y las condiciones del mercado, mientras busca recuperar la rentabilidad del arroz.

Por ahora, la propuesta de promover el marañón en zonas donde el arroz tiene dificultades no significa que exista una decisión nacional de acabar con el cultivo. Lo que sí dejó claro la discusión es que el Gobierno enfrenta una fuerte presión para encontrar alternativas que permitan a los agricultores seguir produciendo sin quedar atrapados entre los altos costos, la falta de agua y los bajos precios.

La discusión entre el Ministerio de Agricultura, los congresistas y los productores continuará en los próximos días, con un punto central sobre la mesa: cómo mantener la producción de arroz que necesita el país y, al mismo tiempo, preparar al campo para unas condiciones climáticas y económicas cada vez más difíciles.