La aparición de un proyectil en una oficina de la Procuraduría General de la Nación encendió las alarmas en la Corte Suprema de Justicia, especialmente entre los magistrados que participaron en el proceso que terminó con la condena del exgobernador de La Guajira, Juan Francisco Gómez Cerchar, conocido como ‘Kiko’ Gómez.

El hecho ocurrió en Bogotá y fue reportado por Pedro Luis Bonilla Bolaños, procurador primero delegado para Casación Penal, quien intervino ante la Corte Suprema en el proceso contra Gómez Cerchar. Según contó el funcionario al magistrado José Joaquín Urbano Martínez, la semana pasada encontró una bala disparada dentro de su despacho, ubicado en el piso 26 de la sede de la Procuraduría.

Pero la situación no terminó ahí. De acuerdo con la información incluida en una comunicación enviada por el magistrado Urbano al presidente de la Sala de Casación Penal, Carlos Roberto Solórzano Garavito, posteriormente Bonilla encontró dos ventanas rotas y evidencias que, inicialmente, fueron descritas como correspondientes a dos disparos de fusil.

El hallazgo tomó especial relevancia porque Pedro Luis Bonilla estuvo relacionado directamente con el proceso judicial contra ‘Kiko’ Gómez. La Corte Suprema revocó en abril de 2026 una absolución que había favorecido al exgobernador y le impuso una condena de 31 años y 8 meses de prisión por homicidio agravado. La decisión fue adoptada por unanimidad y continúa vigente.

A esto se suma la preocupación expresada días atrás por la procuradora judicial Gloria Guzmán Duque, quien también tuvo participación en el proceso de casación. Según el magistrado Urbano, Guzmán Duque acudió a su despacho el pasado 26 de agosto para manifestarle su preocupación por su seguridad y por la de otros funcionarios que participaron en el caso.

En medio de este escenario también comenzó a circular en redes sociales una versión sobre un supuesto plan para atentar contra varias personas relacionadas con el proceso judicial. Sin embargo, esa información no ha sido confirmada por las autoridades como un hecho probado, por lo que permanece bajo verificación.

Ante la situación, el magistrado José Joaquín Urbano Martínez pidió que la Dirección de Protección de la Policía Nacional conozca los hechos y adopte medidas para reforzar la seguridad de los integrantes de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema y de sus familias.

La alerta también llevó a que se revisaran los esquemas de seguridad de los funcionarios que participaron en la investigación y posterior condena de ‘Kiko’ Gómez.

Por ahora, las autoridades no han establecido que la bala encontrada en la Procuraduría haya sido disparada como parte de una amenaza directamente relacionada con el exgobernador. Precisamente, ese es uno de los puntos que deberán determinar las investigaciones. Entre las hipótesis que se analizan está incluso la posibilidad de que se trate de un proyectil perdido.

El caso mantiene la atención de las autoridades judiciales porque involucra a funcionarios que participaron en una de las decisiones más importantes contra Juan Francisco Gómez Cerchar. Mientras avanzan las investigaciones, la Corte Suprema busca evitar que las advertencias de seguridad pasen a mayores y garantizar la protección de sus magistrados y sus familias.

LaVibrante.com seguirá el desarrollo de esta situación y las conclusiones que entreguen las autoridades sobre el origen del proyectil y los daños encontrados en la oficina del procurador.